SAN PEDRO SULA. A través de la Operación «Arpía III», las autoridades decidieron trasladar la mañana de este jueves cerca de 80 reclusas del Centro Penal de esta ciudad, hacia la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Muchas de ellas fueron captadas por los medios de comunicación, sin temor alguno mostraron sus rostros mientras se dirigían por la «pasarela» de salida hacia su nuevo hogar tras las rejas.
Todas ellas, con mirada fría, vestimenta callejera, sin ninguna sonrisa en su rostro y esposadas, salieron del Penal sampedrano para ser parte de la cárcel de mujeres en el distrito central.
Sus perfiles se relacionan con asesinatos, secuestros, sicariatos y otros delitos. Por ello, ahora están pagando sus condenas y excluidas del resto de la sociedad. Es importante decir que se llevarán a 70 miembros de la estructura criminal pandilla “18”. Asimismo, se dijo que el resto son pertenecientes a la peligrosa Mara “MS-13”.
Hasta el recinto carcelario han ingresado convoy de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en la que serán trasladadas las reclusas en la continuación de la Operación Arpía.
Estas reclusas, trasladadas hacia la cárcel de Támara, localizada en la periferia norte de la capital hondureña, pertenecen a maras y pandillas, que deacuerdo a informes oficiales se mantienen activas desde las carceles.
FOTOS DEL OPERATIVO:
En la operación participan miembros de la PMOP, de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Policía Nacional Preventiva, quienes llegaron a bordo de varias patrullas. Este sería el tercer trasladado masivo desde el centro penal sampedrano, el primero fue en marzo y el segundo en abril recién pasado.
Los agentes encargados de la operación estimaron que las privadas de libertad arribarán a las 11:00 de la mañana al Distrito Central.
Reos de la 18 vivían como reyes en Támara
Un pequeño “imperio” desde donde gobernaban y vivían como reyes los líderes de la pandilla “barrio 18”, en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, fue encontrado ayer miércoles. Lo anterior, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), durante una inspección al módulo “Escorpión”. Lo anterior fue descubierto luego que los agentes del Ministerio Público (MP), iniciaron la investigación sobre la masiva fuga registrada el pasado jueves. Y posteriormente, se efectuó el traslado de más de 770 reos. Esto, a la cárcel de La Tolva o “El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso, oriente de Honduras.
En esa área denominada módulo “Escorpión”, encontraron habitaciones con todos los lujos, desde televisores plasmas. Además, refrigeradoras, microondas, camas matrimoniales con amplias cómodas. Asimismo, aires fríos con controles digitales y cuadros de fina artesanía en las paredes.
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Asimismo, joyas de porcelana, paredes con cerámica, cervezas heladas, platos desechables, computadoras, una balanza. También, un reproductor de películas y una pequeña área recreativa, entre otras de las comodidades que mantenían en el módulo.
Se presume también que allí les llevaban mujeres, con quienes armaban fiestas. Y desde donde posiblemente ordenaban extorsiones, asesinatos y otros actos criminales.
Reos en Támara
Todos esos lujos eran permitidos por las autoridades penitenciarias. Quienes en la actualidad están bajo investigación por parte del MP. Lo anterior, porque algunos de ellos serían los responsables de que haya ocurrido la fuga de 18 internos.
Sin embargo, los pandilleros ya no tendrán esos lujos. Esto, porque ahora se encuentran en pequeños espacios que les asignaron en “El Pozo II” de Morocelí. Además, las visitas tendrán que cumplir con una serie de requisitos como antecedentes penales. Además, acreditar que son parientes, horarios adecuados y no en cualquier día.
De momento, solo se conoce que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) han suspendido de su cargo al director y subdirector por negligencia en el centro carcelario de Támara.
En tanto, el MP inició las investigaciones contra las autoridades del centro carcelario de Támara. Asimismo, contra quienes estarían presentando requerimientos fiscales para deducirles responsabilidades administrativas o penales.
