Redacción. Al grito de “¡viva Honduras!”, fue trasladado este jueves a la cárcel de Támara el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, junto a otros acusados por suponerlos responsables de un millonario fraude contra el Estado.
Márquez, quien también funge como jefe de bancada nacionalista, enfrenta detención judicial junto a otros cinco imputados. Todos están señalados por su presunta participación en una defraudación estimada en más de 3 mil millones de lempiras.
Según el requerimiento fiscal, el fraude se habría gestado durante la gestión de Márquez como titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), mediante contratos irregulares, demandas fraudulentas y laudos arbitrales sin respaldo legal.
Traslado y consignas
Tras dictarse la medida cautelar, los acusados pasaron la noche en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y al mediodía autoridades los trasladaron desde los juzgados capitalinos hacia el centro penitenciario de Támara.
Nelson Márquez, esposado junto al juez de Letras de lo Civil, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, se mostró visiblemente molesto. Bajo fuerte resguardo policial, gritó consignas frente a simpatizantes y medios de comunicación.
“Ustedes (los periodistas) lo han calificado mejor que nadie”, respondió al consultársele sobre una supuesta persecución política. Luego alzó la voz: “¡Sin ceder en la lucha jamás! ¡Qué viva Honduras! ¡Firmes, firmes, firmes! ¡No lo van a lograr!”
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La defensa del congresista expresó preocupación por el lugar de reclusión, al considerar que el centro penitenciario de Támara no ofrece condiciones adecuadas de seguridad para alguien con fuero legislativo. “Esperamos que no le pase nada. Hay muchas dudas sobre su integridad física dentro de ese lugar”, señaló su abogado.
Junto al diputado fueron enviados a prisión Fernando Madrid Lezama (apoderado legal de la empresa NAINSA), Caronte Rojas Zavala (miembro del Tribunal Arbitral). También, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio (juez) y Eva María Vásquez Villanueva (exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS). A los involucrados se les supone responsables de varios delitos relacionados con fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Nuestro Hermano Nelson Márquez, ¡No está solo!
A pesar de la instrumentalización de la justicia y de la extorsión judicial, nada nos detendrá en nuestro objetivo. #Honduras no continuará en manos de ideologías fracasadas que solo buscan destruir el país. El 30 de noviembre,… pic.twitter.com/IpBOBbKHhf— Merary Diaz Molina (@MeraryDiazMol) July 31, 2025
El caso
Los hechos se remontan al año 2000, tras el paso del huracán Mitch. En ese contexto, el Estado hondureño adjudicó un contrato financiado por cooperación internacional a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual operaba sin autorización en el país y que, a su vez, subcontrató irregularmente a NAINSA.
En 2001, el cooperante canceló la ayuda por irregularidades contractuales. Años más tarde, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas contra el Estado, basadas en un laudo arbitral que nunca se aprobó en la Corte Suprema de Justicia.
Investigaciones posteriores revelaron un acuerdo confidencial entre ambas empresas, sin vínculo legal con el Estado, con el objetivo de fingir litigios separados por los mismos hechos. Además, el pacto incluía una cláusula para no demandarse entre sí, lo que evidenció una actuación coordinada con fines fraudulentos.
