TEGUCIGALPA. Tras la polémica que generó en todos los sectores el tema de nuevos cobros que harían los togados por prestación de sus servicios, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) los derogó.
El cobro era de 200 lempiras por un timbre de litigación para una demanda y contestación y L. 100 por uno de procuración en trámites administarativos.
En este sentido, José María Díaz, titular del CAH, comentó que el timbre generó controversia y «a conciencia» acordaron derogarlo.
“La Junta Directiva Nacional ha dispuesto derogar los Timbres de Litigación y Procuración que estaban contempladas en el arancel”, aseveró.
Explicó que la decisión se tomó en respeto a la situación económica del pueblo en general, no solo de los profesionales del derecho.
Nuevos cobros por servicios legales
“Nosotros vamos a rectificar lo que tengamos que rectificar, pero si no le vamos a dar marcha atrás a la dignidad de los abogados en el respeto a sus honorarios profesionales”, aseveró el titular del CAH.
Para el caso, el mes pasado, Díaz informó que a partir del mes de septiembre, los Registros Nacionales de las Personas (RNP), exigirán un certificado de matrimonio.
El nuevo certificado tendrá un costo de cinco mil lempiras. Del nuevo cobro, tres mil serán para el notario. Lo demás será distribuido en el CAH.
“El certificado de matrimonio no existía, es un requisito que exige el Código de la Familia y el Colegio de Abogados no lo había impreso y ahorita se mandó a imprimir a Guatemala”, explicó el abogado. Además, el apoderado legal, informó que lo anterior entrará en vigencia el otro mes.
Otros cobros
Además, tiempo atrás, el CAH hizo un aumento en el salario mínimo que pasó de L. 21 mil a L. 27 mil.
Es decir un experto en leyes cobraba seis mil lempiras por un divorcio, ahora ganará L. 15 mil.
Otro de los cobros que se verá reflejado en el patrimonio familiar. Los abogados ganarán un mínimo de L. 10 mil. Asimismo, para los gastos de boda civil se cobrarán L. 3,000.
Finalmente se conoció que los togados devengarán L. 30 mil por interponer un recurso de inconstitucionalidad, antes costaba L. 20 mil.
