TEGUCIGALPA, HONDURAS. El sector transporte a nivel nacional, informó este martes que van a sostener una reunión de emergencia el próximo jueves 8 de agosto. La convocatoria es para definir las acciones y medidas a tomar, según ellos por incumplimientos del gobierno central.
El encuentro al que han determinado como de «emergencia» para todo el sector, quedó programado para el jueves a las 9:00 am, en las instalaciones de la Cooperativa de Transporte Colectivo de Pasajeros, Limitada (COTRACOPL).
De la misma manera, los transportistas anunciaron que cualquier determinación que se tomé tras esta reunión, será bajo la responsabilidad de las autoridades. Esto, porque no han dado respuesta a los acuerdos definidos con el sector.
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Los acuerdos
A través de un comunicado, el gremio destacó que en el acuerdo que se firmó con la presidenta de la república, Xiomara Castro, el 22 de abril del 2022, se acordó un aumento a la tarifa de 3 lempiras.
Sin embargo, para no afectar la economía de los usuarios, las partes acordaron subsidiar este valor en las ciudades de Choluteca, Danlí, Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula.
Al no cumplirse el acuerdo, los transportistas aseguraron que han buscado reuniones de alto de nivel con el gobierno de turno, pero hasta ahora no hay respuesta. Los reportes establecen que las autoridades adeudan a este gremio más de 5 meses de pago de bono compensatorio a la tarifa.
Otro de los problemas que exponen los transportistas es la inseguridad, extorsión y crimen común, situaciones que los mantiene sometidos y pagando millones de lempiras anuales a los grupos criminales.
En tal sentido y por todo lo antes expuesto, llamaron a las autoridades de gobierno a darles una respuesta y sobre todo, a honrar el compromiso adeudado.
Flagelo de la extorsión
Por su parte, el dirigente de transporte capitalino, Wilmer Cálix, informó en horas de la mañana, que como sector han pagado hasta julio un monto de 350 millones de lempiras por concepto de extorsión.
Según Cálix, los propietarios de buses son los más afectados. Y es que se ven obligados a pagar de manera mensual entre 40 y 50 millones de lempiras a unos cinco grupos delictivos que operan en el país.
«Este año ha sido especialmente duro; la extorsión ha puesto de rodillas al sector en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los últimos dos meses, nuevas estructuras han comenzado a causar problemas», acotó.
Asimismo, el dirigente explicó que los grupos criminales exigen pagos semanales por cada bus que opera en la ciudad. «A nivel nacional, enfrentamos pagos a entre dos y cinco maras y pandillas, dependiendo de la ruta», agregó.
Otro de los problemas que aqueja a este rubro son los constantes asaltos y robos a mano armada en las diferentes rutas, donde destaca Tegucigalpa.
