Redacción. Las constantes protestas de inversionistas afectados por el presunto fraude de Koriun Inversiones han generado un creciente clima de zozobra y pérdidas económicas en el municipio de Puerto Cortés, especialmente entre transportistas y sectores productivos que dependen de la libre circulación por la carretera CA-13, principal vía hacia el puerto y zonas fronterizas con Guatemala.
Desde hace semanas, esta arteria clave ha sido escenario de múltiples tomas por parte de ciudadanos que exigen respuestas tras la intervención de Koriun, señalada por captar fondos de manera irregular y haber defraudado a más de 35,000 personas, en su mayoría residentes de Choloma.
Wilmer Contreras, dirigente de la Asociación de Transportistas Graneleros de Honduras, advirtió que las tomas han puesto en riesgo tanto vidas como inversiones millonarias. “Prácticamente estamos en zozobra todo el tiempo. Nuestros camiones, valorados en hasta 1.7 millones de lempiras entre unidad y carga, quedan atrapados en medio de las protestas. Es un riesgo permanente y una pérdida total cada vez que se paraliza la vía”, denunció.
El pasado martes, varios transportistas vivieron momentos de tensión al quedar detenidos en los puntos de bloqueo. Esta situación no solo compromete la seguridad de los conductores, sino también la continuidad de las exportaciones e importaciones que dependen del flujo constante hacia y desde el principal puerto del país.
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Impacto en la economía local
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Cortés, Yolibeth del Cid, expresó su preocupación por los efectos colaterales de la crisis. “Lamentamos que miles hayan sido estafados, pero también pedimos comprensión porque este conflicto está afectando a muchos otros. Hay atrasos en las exportaciones, empleados que no pueden movilizarse a sus trabajos y una presión creciente sobre la economía local”, indicó.
Puerto Cortés moviliza cerca del 90 % de la carga a granel que ingresa al país, lo que convierte a esta zona en un punto neurálgico para el comercio nacional. Las interrupciones por las protestas han generado preocupación entre empresarios, comerciantes y trabajadores que dependen directamente de esta actividad.
Ante el deterioro de la situación, la alcaldesa de Puerto Cortés, María Luisa Martell, hizo un llamado directo al Gobierno central. “Pedimos al gobierno que busque una vía de mediación con los inversionistas de Koriun. Esta crisis ya no solo afecta a Choloma, sino a toda la región”, sostuvo.
Koriun Inversiones fue intervenida el pasado 23 de febrero tras denuncias de captación ilegal de fondos bajo un esquema que presuntamente operaba como una estafa piramidal. A la fecha, miles de inversionistas siguen sin recibir respuesta ni recuperar su dinero.
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