Redacción. Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., respondió a los señalamientos en su contra, asegurando que el gobierno busca «chivos expiatorios» para justificar las irregularidades en el transporte de material electoral en las elecciones primarias 2025.
El empresario, quien enfrenta un requerimiento fiscal por supuesto fraude, manifestó que su empresa se limitó a prestar un servicio y que las demoras en la distribución del material electoral fueron causadas por factores externos.
«Nosotros solamente prestamos un servicio y las situaciones que se dieron por los atrasos es bastante ventilado. Hemos escuchado que el tiempo ha sido uno de los factores que más ha afectado. Veo raro que nos estén llamando y haciendo requerimientos, cuando realmente no ganamos nada con esos atrasos. Son otros actores los que se ven beneficiados con ellos», expresó en una entrevista con el medio local TN5.
Para Fonseca, el señalamiento contra su empresa tiene un trasfondo político y responde a una estrategia del gobierno para desviar la atención de los verdaderos responsables. «Esto es un pleito político donde algunos se quieren mostrar más fuertes que otros y generan este tipo de situaciones. Están buscando chivos expiatorios para calmar un poco la situación y echarle la culpa a alguien», denunció.
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Su versión sobre día de elecciones
Fonseca también detalló lo ocurrido el 9 de marzo, afirmando que su empresa actuó conforme a lo planificado y asumiendo la responsabilidad por la falta de organización en la material del material.
«No nos disparamos poniendo buses. Hicimos una consulta debido a la situación del tiempo, porque eran las 3:00 a. m. y todavía no habían comenzado a cargar para entregar el material al centro de votación. Pero mucho de esto es cuestión de sentido común; fuimos a la aldea más recóndita en Ocotepeque y entregamos en tiempo y forma. No pudimos entregar en el centro de votación que está dentro del Infop, que está a 50 metros, o en la Kennedy, a un kilómetro. Es ilógico», explicó.
Fonseca reiteró que su empresa no tiene control sobre las rutas ni sobre la planificación de la logística electoral, sino que sólo opera los vehículos.
Requerimientos fiscales
El Ministerio Público –a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE)- presentó un requerimiento fiscal por contratación fraudulenta en el transporte de material electoral, alegando que hubo un perjuicio millonario para el Estado y que se puso en riesgo el proceso democrático.
Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuatro miembros de la Comisión Evaluadora, según investiaciones, están acusados de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles. Asimismo, Fonseca Robles enfrenta acusación de fraude por presuntamente beneficiarse de un contrato de 64.7 millones de lempiras, 21 millones más del presupuesto estimado.
Las pesquisas revelan que la empresa contratada no contaba con la flota vehicular requerida. Esta empresa únicamente disponía de 10 cabezales y dos camiones, cuando se necesitaban 143 furgones, 497 camiones y 82 camiones livianos. A pesar de las irregularidades, la Comisión Evaluadora aprobó la contratación sin declarar fracasado el proceso ni aplicar sanciones.
El fiscal general Johel Zelaya advirtió que la investigación sigue en curso y que se determinará la responsabilidad de los implicados. «La Comisión Evaluadora no cumplió con sus obligaciones al aprobar una inspección mecánica y logística sin verificar adecuadamente la flota disponible», concluyó.
