Redacción. La Corte de apelaciones del noveno circuito de San Francisco, California, Estados Unidos (EE. UU.), ratificó este miércoles la decisión de dar por finalizado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, sin explicar su decisión.
Pese a que un tribunal federal había extendido la vigencia del programa hasta el 18 de noviembre de 2025, la protección seguía bajo amenaza de cancelación.
Finalmente, el fallo de la corte de apelaciones en San Francisco confirmó la decisión de dar por terminado el TPS, respaldando así la postura de la administración del presidente Donald Trump. Con ello, se establece que para los hondureños, nepalíes y nicaragüenses el beneficio concluirá el 8 de septiembre de 2025.
Sin justificación
El aspecto más cuestionado por organizaciones defensoras de migrantes es que la resolución no estuvo acompañada de una justificación.
“El hecho de que el tribunal no proporcionara ningún razonamiento para su decisión, incluyendo por qué esto era una ‘emergencia’, está muy lejos de lo que el debido proceso requiere y nuestros clientes merecen”, señaló Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, en un comunicado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.
El panel de tres magistrados suspendió los efectos de una resolución emitida por una corte de distrito el 31 de julio, la cual había permitido la extensión del programa al menos hasta noviembre, mientras se resolvía la disputa judicial.
En su escrito, los jueces, designados por Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump, explicaron que “la orden del tribunal de distrito se suspende a la espera de una nueva orden de este tribunal”.
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La terminación del TPS había sido anticipada a inicios de julio por el Departamento de Seguridad Nacional, que fijó el final de las protecciones para agosto en el caso de Nepal, y septiembre para Honduras y Nicaragua.
Deportaciones
Con el nuevo fallo, el gobierno federal podrá avanzar en la deportación de aproximadamente 7,000 nepalíes, 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses que han vivido bajo esta figura migratoria durante décadas.
Para Arulanantham, la decisión judicial “expone a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación. Se merecen algo mejor que lo que ha hecho hoy este tribunal”.
La ACLU recordó que los migrantes de Nepal han residido legalmente en Estados Unidos con el TPS por más de una década, mientras que los hondureños y nicaragüenses lo han mantenido por más de 26 años, desde que el programa fue otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch, que dejó miles de muertos y una crisis humanitaria en Centroamérica.
Desde el gobierno estadounidense, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la cancelación asegurando que “el Estatus de Protección Temporal se diseñó como una medida temporal”.
Del otro lado, los testimonios de los afectados reflejan la incertidumbre que enfrentan miles de familias.
“No puedo creer que el gobierno quiera quitarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”, expresó Jhony Silva, un hondureño amparado en el TPS y demandante en el proceso».
Con información de AP
