Se toman las instalaciones del INJUPEMP; exigen que no sea intervenido

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Tomado Injupemp
Varios sindicatos se unieron para tomar las instalaciones del Injupemp.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este viernes, amanecieron tomadas las instalaciones del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) como protesta contra las reformas hechas a la Ley de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Varios sindicatos llegaron hasta el edificio de la institución y con sus banderas exigen al gobierno «que no toque sus fondos de jubilación». La exigencia emana de la reciente noticia de que el Poder Ejecutivo tomará durante seis meses, las riendas del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema).

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Piden al gobierno que no intervenga las AFP

Los sindicalistas piden a los diputados que se pongan a favor del pueblo y que no  modifiquen leyes que trastoquen sus ahorros que cubrirán su jubilación.

«A todos esos diputados que están votando a quitarnos la jubilación donde con mucho sacrificio la pagamos, no es posible que ahora lo quieran quitar. Ellos no se preocupan por tener una jubilación digna, como la queremos nosotros, porque lo que ellos ganan en un mes, nosotros lo ganamos en un año», externó una protestante.

Los sindicalistas apuntaron a que el gobierno no debe interferir en los fondos que cubrirán su retiro laboral, ya que es un dinero que sale de sus bolsillos, mensualmente.

Por tanto, hacen un llamado al mandatario Juan Orlando Hernández: «No es posible señor presidente, que hagan esa injusticia con todos los mayores».

Protesta de maestros del Inprema

Una publicación en el diario oficial La Gaceta, con fecha de 24 de abril, anuncia la determinación que ha tomado el gobierno en torno al Inprema.

La publicación explica que la intervención, es por razones de interés público. Arguyen que esa institución se encuentra operando con bajos niveles de eficiencia administrativa y debilidades gerenciales.

Añade que esa situación de ingobernabilidad está generando un impacto en detrimento de la institución, y por ello el Estado, nombra una Comisión Interventora. Además, se realizará una evaluación a la institución con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).


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