Redacción. El reciente nombramiento de Mirtha Gutiérrez como nueva secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL) ha desatado una controversia en Honduras, no solo por su trayectoria, sino también por sus lazos familiares y profesionales.
Gutiérrez, una socióloga y defensora de derechos humanos, fue juramentada en el cargo tras ser designada directamente por la presidenta Xiomara Castro.
Al asumir el cargo, Gutiérrez subrayó la importancia de fortalecer la protección social. Además, destacó su compromiso de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de Honduras.
También, recalcó que uno de sus principales objetivos será asegurar que los recursos destinados a las comunidades más necesitadas lleguen de manera eficiente y transparente.

Si bien su experiencia en la promoción de derechos humanos y políticas sociales para poblaciones vulnerables es un punto a su favor, la polémica se ha centrado en su parentesco político con la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga.
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Mirtha Gutiérrez es esposa de Ricardo Arriaga, hermano de la congresista. Este nexo ha reavivado los señalamientos contra el partido en el poder. El gobierno ha recibido críticas debido al nombramiento de parientes en la administración pública.
Vínculos
La controversia se intensifica al recordar que Mirtha Gutiérrez ya se desempeñaba como subsecretaria de SEDESOL, durante la gestión de José Carlos Cardona, el exsecretario que fue destituido en medio de acusaciones de opacidad en el manejo de fondos sociales y de operar una red clientelista. Gutiérrez fue una de las figuras cercanas a Cardona.

La nueva secretaria afirmó que trabajará de la mano con las comunidades, el sector público y privado, para garantizar que los programas sociales sean accesibles a los hondureños que más los necesitan.
Para una organización anticorrupción de Honduras, la contratación en la administración pública debe realizarse de forma independiente y objetiva. Además, debe seguir los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico hondureño, caso contrario, se propicia la concentración de poder, subordinación entre los poderes del Estado, así como la comisión de actos de corrupción que entorpecen directamente el buen funcionamiento estatal.
Según una organización anticorrupción, el nepotismo, a pesar de estar prohibido, se ha convertido en una práctica recurrente en los últimos años.
De acuerdo con una exposición de motivos, desde el oficialismo quieren normalizar las contrataciones que contravienen la normativa. El fin es tener a sus parientes y a personas afines a sus ideas partidarias en puestos claves dentro de la administración pública, esto con la finalidad de tener en control las instituciones estatales de manera absoluta, menoscabando la correcta y sana administración pública.