Tegucigalpa.- The Associated Press presentó el jueves anterior, un recurso legal contra un intento de funcionarios policiales hondureños de obtener el registro de llamadas telefónicas de un periodista, para identificar las fuentes de un reportaje de la AP sobre presunta corrupción policial en la nación centroamericana.
La AP informó el mes pasado que un informe confidencial de seguridad del gobierno de Honduras señaló a un alto funcionario policial hondureño de haber intercedido a favor de un capo del narcotráfico.
La agencia noticiosa sostuvo que la entrega del registro de llamadas sería violatoria de la constitución de Honduras. En ese sentido, atentaría contra la libertad de prensa.
“The Associated Press se opone enérgicamente a este intento de los oficiales de policía hondureños; de intimidar a nuestros periodistas y fuentes”, dijo Karen Kaiser, abogada general y vicepresidenta de la AP. “Los periodistas de AP no se arredran ante semejantes intentos de intimidación”.
En documentos presentados ante un fiscal hondureño, un abogado que representa a la AP manifestó la preocupación de la agencia; de que el abogado del jefe de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, y de otros dos oficiales de alto rango, trataran de averiguar quién habló con la AP.
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Con ello no solo se violarían los compromisos de Honduras con las libertades de prensa, palabra y expresión; mismos que han sido consagrados en la constitución nacional. Sino que tampoco se permite legalmente en los casos de posible difamación, de acuerdo con una ley nacional que establece cuándo y cómo el gobierno puede acceder a comunicaciones privadas, según el documento de la AP.
Investigación
La AP se enteró a través de la prensa local que un abogado de Aguilar, su segundo Orbin Alexis Galo Maldonado y el inspector general Javier Cerrato Cruz, habían pedido a un fiscal que obtuviera los registros telefónicos.
Tales pedidos no suelen ser públicos; y la procuraduría podría pasar por alto las objeciones de la AP. Un panel de tres jueces fallaría en última instancia si el gobierno puede obtener los registros telefónicos y otros datos.
El caso
La AP informó el mes pasado que un informe confidencial de seguridad del gobierno de Honduras denunció a Aguilar. Esto, por interceder para que un cargamento de 771 kilos (1.700 libras) de cocaína llegara a manos de un capo del narcotráfico.
Ese capo, Wilter Blanco, está purgando una condena de 20 años en Florida. En ese momento, Aguilar era el jefe de inteligencia de la Policía Nacional.
El gobierno hondureño sostiene que el reportaje es falso; y las denuncias contra el alto mando de la policía “carecen de veracidad”.
Cuatro funcionarios policiales hondureños en activo y retirados, que hablaron bajo la condición de anonimato por temor a represalias, confirmaron partes del informe confidencial a la AP.
El oficial a cargo de una comisión especial con el cometido de librar a la fuerza policial de efectivos corruptos ha dicho que su oficina investigará a Aguilar, Galo y Cruz.
En su pedido a los fiscales, el abogado de los tres hombres pidió un peritaje de todas las llamadas de un periodista de la AP; precisamente a un funcionario policial; así como los números SIM de tres operadoras de telefonía móvil. Mismos que efectuaron o recibieron llamadas al número telefónico mexicano del periodista.
Solicitud
En efecto, el pasado mes de enero la Policía Nacional de Honduras, solicitó al Ministerio Público (MP) proceda a investigar a los periodistas de The Associated Press:
- Christopher Sherman.
- Martha Mendoza y Garance Burke.
El representante legal de la Policía Nacional, José Rómulo Mejía Pineda, pidió a la Fiscalía de Delitos Comunes hacer una investigación preparatoria; para posteriormente presentar la querella.
De acuerdo a las declaraciones del abogado de la policía, la publicación de los periodistas es constitutiva de difamación. Esto, en perjuicio de sus representados.
Según Mejía, a sus defendidos —dijo—se les ha dañado su imagen, patrimonio moral y la imagen de la institución policial; “al imputárseles falsamente delitos de acción penal pública. Esto, mediante la utilización de medios de difusión masiva”.
Fuente: The Associated Press
