Redacción. El indulto a Juan Orlando Hernández (JOH) no lo libra de sus imputaciones legales en Honduras, confirmó el viernes Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
El exmandatario hondureño, vencido en juicio y condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fue sorpresivamente indultado por el presidente Donald Trump, quien argumentó que su condena en Nueva York fue producto de una conspiración del gobierno de Joe Biden.
Sin embargo, su situación legal en Honduras sigue activa. Las investigaciones, órdenes judiciales y procesos abiertos no se detienen con el indulto extranjero, según confirmó el Ministerio Público.
Pandora II: la única acusación formal contra JOH en Honduras
La acusación que mantiene a JOH con una orden de captura vigente se deriva del caso Pandora II, presentado por Uferco. Este requerimiento fiscal, admitido en octubre de 2023, señala a ocho exfuncionarios, incluidos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa.
A Hernández se le acusa específicamente de fraude y lavado de activos por al menos 62 millones de lempiras, fondos que —según la investigación— habría utilizado para financiar sus movimientos políticos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH».
Red de corrupción
De acuerdo con Uferco, entre 2010 y 2013, se conformó una red de corrupción desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas (Sefín), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Bandadesa, que permitió el desvío de 288 millones de lempiras hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
A través de empresas fantasma, contratos ficticios y prestanombres, parte de esos fondos públicos habría terminado en la estructura política que impulsó a Hernández dentro del Partido Nacional.
El caso también involucra a exfuncionarios como Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, Jorge Johny Handal Hawit, Lilia María Bográn Rivera, James Aldana Medina, Roberto Alonso Zúniga Barahona y David Eduardo Ortiz Hawit. En cuanto a Porfirio Lobo Sosa y al exsecretario Cerrato, ambos fueron sobreseídos el 1 de febrero de 2024.
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“La orden de captura sigue vigente”
Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, confirmó en entrevista con Diario Tiempo que el expediente Pandora II no únicamente continúa activo, sino que la orden de captura contra JOH está vigente y en poder de la Secretaría de Seguridad y de Interpol.
Santos explicó que, aunque JOH enfrenta un historial de señalamientos en distintas etapas de su vida política, Pandora II es la única acusación formal en los tribunales hondureños. Pero, afirmó, existen otras investigaciones abiertas, cuyo contenido no puede revelarse por prohibición legal.
«Recordemos que la Uferco es una unidad dentro del Ministerio Público; hay otras unidades que desconozco si tienen otras acciones en los tribunales. Además, tiene casos en investigaciones, los cuales no se pueden revelar porque la ley nos lo prohíbe. Pero lo único que puedo decirles es que sí, hay otras investigaciones pendientes», aseguró.
Investigaciones y aseguramientos en curso
Por otra parte, el Ministerio Público también confirmó a Criterio.hn que continúan vigentes otros procesos investigativos contra el exmandatario. “El indulto no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en Honduras”, declaró el portavoz Yuri Mora.
El MP aseguró previamente 33 propiedades pertenecientes al núcleo familiar de Hernández en Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
En marzo de 2024, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) lograron la privación definitiva de dominio de 131 bienes vinculados a Hernández, su esposa Ana García y familiares directos: 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros.
Viajes a juicio reforzaron pruebas
El portavoz Mora recordó que fiscales hondureños asistieron a todo el juicio de JOH en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta presencia permitió documentar testimonios y vínculos que fortalecerán las investigaciones nacionales.
De acuerdo con Uferco, si el expresidente retorna a Honduras, lo que corresponde es proceder a su captura inmediata.
En caso de que no ingrese voluntariamente, la unidad anticorrupción puede solicitar su extradición, un mecanismo que sigue plenamente habilitado al no existir restricción derivada del indulto estadounidense.
