Redacción. El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción suspendió este lunes la audiencia inicial a los tres ciudadanos acusados de formar un complot para asesinar al expresidente Manuel ‘Mel’ Zelaya.
Los imputados, identificados como Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, electromecánico residente en Tegucigalpa; Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante originario de Comayagua; y Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante residente en San Pedro Sula, enfrentan cargos por actos preparatorios punibles y asociación terrorista.
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, estas personas habrían participado en actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional, lo cual agrava su situación. Las autoridades informaron que la audiencia se reprogramó para el martes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con las investigaciones, los tres hombres habrían formado parte de una presunta conspiración criminal cuyo objetivo era atentar contra la vida del expresidente Zelaya y generar un clima de inestabilidad institucional.
El plan, según la narrativa del ente acusador, no se limitaba al asesinato del exmandatario, sino que contemplaba la ejecución de acciones violentas y coordinadas para alterar el orden público y socavar la estructura democrática del país.
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Investigación
El fiscal general, Johel Zelaya, informó que las acusaciones están respaldadas en un conjunto de pruebas contundentes. Entre ellas destacan interceptaciones de comunicaciones, audios en los que presuntamente los implicados sostienen conversaciones incriminatorias, así como peritajes forenses y testimonios clave.
Las autoridades solicitaron que el caso sea tratado con la máxima rigurosidad legal. Asimismo, reiteraron sobre la importancia de que a los acusados les recaiga todo el peso de la ley.
Con la reanudación de la audiencia de este martes, se espera que el juzgado evalúe la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. A partir de ese análisis, deberá determinar si los imputados deberán continuar bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
