Honduras. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este lunes dictar auto de formal procesamiento contra 178 pobladores acusados del delito de usurpación, luego de que presuntamente se asentaran en un terreno privado ubicado en la zona sureste de San Pedro Sula, donde desde hace siete años funciona la colonia Villas Paraíso.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los pobladores habrían ingresado al predio —cercado y de naturaleza privada— sin autorización de sus propietarios, identificados como Lizandro Muñoz Rápalo, Héctor Muñoz, Marco Muñoz y otros miembros de la familia Muñoz. De acuerdo con la investigación fiscal, los habitantes dividieron el terreno en parcelas y construyeron viviendas, lo que derivó en el requerimiento por usurpación.
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Durante la Audiencia Inicial, el fiscal de delitos comunes ratificó la acusación y presentó pruebas documentales, periciales y testificales. Asimismo, solicitó la imposición de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, petición respaldada por el acusador privado.
Rechazan acción penal
En contraste, tanto la defensa pública como privada rechazaron la acción penal, alegando que no se configuraba el delito de usurpación y solicitando el sobreseimiento de los acusados. Uno de los defensores incluso anunció la intención de buscar un acuerdo conciliatorio.
Sin embargo, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que no había lugar para los sobreseimientos, argumentando que las circunstancias del caso, la normativa vigente y los tratados internacionales aplicables obligaban a continuar el proceso respetando el debido proceso y el principio de legalidad.
Con esta resolución, los 178 imputados deberán seguir cumpliendo la medida cautelar de presentación periódica. Acudirá una vez al mes a firmar en el libro de control de la judicatura, tal como lo venían haciendo desde el inicio del proceso.
El caso continuará su curso judicial en la Audiencia Preliminar, programada para las 9:00 a.m. del martes 24 de febrero de 2026. Se evaluarán de manera más detallada las pruebas y se definirá si la causa avanza a juicio oral y público.
