Redacción. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó un informe del Observatorio de la Democracia (ODD), titulado «De la crisis a la búsqueda de gobernabilidad», revelando alarmantes deficiencias en el proceso electoral hondureño de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
El documento advierte sobre una creciente escalada de delitos electorales y una preocupante inacción por parte del Ministerio Público (MP).
Según el ODD, en lo que va del año se han registrado 196 denuncias por delitos como coacción y amenaza electoral, falsificación de documentos, suplantación de identidad y fraude en el sufragio. Sin embargo, solo cuatro de estos casos han avanzado a requerimientos fiscales, lo que representa una ínfima efectividad del 2.04%.
La mayoría de las denuncias (163) corresponden a coacción electoral. Esta es una situación que, según el Observatorio, genera un clima de impunidad y desconfianza, incrementando el riesgo de conflictividad política.
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Ineficiencia institucional
El informe también cuestiona la ineficiencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según el informe, solo ha resuelto el 9.7% de los 41 recursos admitidos en las elecciones primarias. Además, se ha detectado un incumplimiento del 50% del cronograma electoral, lo que pone en suspenso la legalidad y viabilidad de los comicios.
En el ámbito del financiamiento político, el ODD ha revelado que entre mayo y agosto de 2025 se llevaron a cabo 56 eventos proselitistas sin bancarización, con un gasto estimado de 7.95 millones de lempiras, involucrando a los principales candidatos presidenciales.
El espacio cívico se ha visto afectado por ataques y campañas de odio en redes sociales, donde se invirtieron más de 532 mil lempiras en propaganda digital afín al oficialismo.
Recursos públicos
El Observatorio también denunció el uso de recursos públicos con fines electorales. El gasto en bonos pasó de 434 a 702 millones de lempiras, y en publicidad de 271 a 445 millones, mientras que programas esenciales en salud y educación registran una baja ejecución (21% en medicamentos y 2% en textos escolares). Además, el ODD señaló el uso de medios estatales para favorecer a la candidata del oficialismo.
La RDD concluye que la combinación de delitos electorales impunes, la ineficiencia institucional y la manipulación del gasto público ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral hondureño. Ante este panorama, la RDD exige a las autoridades electorales y de justicia actuar con independencia e imparcialidad para garantizar un proceso íntegro y pacífico.
