Tegucigalpa. La empresa contratada para el transporte de material electoral en las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo tendría lazos con el partido Libertad y Refundación (Libre) y dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de que carecía de logística para cumplir con lo establecido en el contrato, según nueva información surgida este miércoles 2 de abril.
Tras el caos electoral, el Ministerio Público ya emitió dos requerimientos fiscales contra seis empleados del CNE, sumado a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte, quien este martes se presentó voluntariamente ante las autoridades para brindar declaraciones.
Al momento de salir de dar declaraciones, Fonseca afirmó que su socio, Óscar René Aguilera, es uno de los fundadores del partido de gobierno, así como la mayoría de su núcleo familiar. Agregó que “Óscar Aguilera es uno de los fundadores de Libre, su padre. Solamente es socio, nos dedicamos al trabajo, prestamos un servicio”.
Posteriormente, manifestó: “primero me acusaron de ser cachureco, ahora ya cambió, porque mi socio realmente es de Libre. Es una situación en la que están tratando de levantar una cortina de humo para afectar al transporte, y lo que quieren es tapar el verdadero problema, el conflicto de interés que es visible dentro del CNE”, indicó.
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Marlon Ochoa y el CNE
Fonseca, al ser consultado por Bernardo Majín Aguilera Hernández, un militante de Libre y empleado interno del CNE, afirmó que es el hermano de su socio empresarial (Óscar René Aguilera) y que es cercano al consejero Marlon Ochoa.
“Bernardo es hermano de mi socio, creo que trabaja dentro del CNE. Al parecer dicen que es cercano a Marlon”, sostuvo.
Por su parte, el socio de Fonseca, Óscar René Aguilera, reafirmó que es militante del partido de gobierno desde que se registró el golpe de Estado en el año 2009, pero que no tiene influencia en la prestación del servicio de transporte.
“No voy a negar que soy socio de Carlos Fonseca, siempre lo he sostenido. Ya con este son siete procesos en los que hemos trabajado en la distribución de las maletas electorales y kits tecnológicos a nivel nacional”, comenzó diciendo.
Aguilera detalló que su militancia en Libre junto a su hermano proviene de uno de sus progenitores, don Bernardo Aguilera, un fiel seguidor del Partido Liberal, pero que saltó a Libre tras lo sucedido en el 2009.
“No voy a desconocer que soy de Libre, pero yo soy un hombre de negocios, que me he dedicado a trabajar. Nos preocupa el hecho de la situación que se está viviendo”, expuso.
Finalmente, reafirmó que se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público como testigo de lo sucedido el 9 de marzo.
“Nosotros hemos estado prestos, hemos hablado con la verdad, tal y como sucedieron las cosas. No tenemos nada que ocultar, nuestra labor ha consistido en disponer las unidades para el traslado electoral”, cerró.
Conflicto de intereses
Sobre el tema, el abogado y analista Kenneth Madrid opinó que, con estos nuevos elementos que podrían abonar a la investigación de la fiscalía, podría determinarse que hubo conflicto de intereses y posible tráfico de influencias dentro del CNE.
“Hay un conflicto de interés en el cual se involucra a socios de la empresa y, obviamente, como empleados del CNE, esto genera un problema ético y moral, en el cual habría que investigar un posible tráfico de influencias en la adjudicación de este contrato por parte de los miembros del CNE”, explicó.
Madrid considera que existe una responsabilidad directa de la Comisión Evaluadora del CNE, que avaló el contrato con la empresa Ingeniería Logística y Transporte pese al conflicto de intereses y la falta de capacidad de la empresa para realizar la entrega de las maletas electorales.
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“Hay un trasfondo mayor. Necesitamos que las investigaciones vayan más a fondo. De conformidad con todo lo que se ha expuesto, se determina que hay indicios de que personas involucradas en el CNE y que desarrollan su actividad ahí estuvieron implicadas en la adjudicación de este contrato”, señaló.
Cerró pidiendo ampliar la investigación para conocer la razón por la que las maletas estuvieron dando vueltas por la capital sin ser entregadas en los centros de votación.
Sin capacidad
Entre los empleados con requerimiento fiscal está Joel Ramos García, quien era el coordinador de transporte electoral. Fue él quien hizo un estudio que estipulaba 43 millones de lempiras para el proceso de transporte, pero el contrato original pagó 64 millones de lempiras a la empresa Ingeniería Logística y Transporte.
Sin embargo, la empresa de transporte solo disponía de 10 cabezales y dos camiones. Cuando se necesitaban una flota de 143 furgones de 48 pies y 497 camiones de 24 pies, así como dos camiones de 12 pies. Es decir, eran necesarias un total de 722 unidades de transporte para garantizar el orden logístico en las elecciones primarias.
En ese sentido, expertos señalan que también recae responsabilidad sobre los miembros de la Comisión Evaluadora. Estaba integraban por Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, José Martín Pastrana Sánchez y Juan Carlos Canales Lobo. Ellos recomendaron a los consejeros aprobar el contrato, pese a las inconsistencias.
Es importante resaltar que los miembros de la Comisión antes mencionados cuentan con requerimiento fiscal por lo sucedido en las elecciones primarias.
