TEGUCICALPA, HONDURAS. Más de 10 organizaciones lideradas por el Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), entregaron al Congreso Nacional un análisis jurídico y comparativo del nuevo Código Penal. Fue dirigido al presidente de dicho poder, Mauricio Oliva.
Estas organizaciones solicitan la no entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal. Publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo del presente año.
Luego de su estudio, consideran que hay varios puntos por los cuales éste no debería de ser publicado.
Además anunciaron en su documento que ponen a la disposición su cuerpo de abogados para que en conjunto se revise y elabore una norma. Consideran que esta debería ser congruente con la realidad nacional y que prevengan la comisión de delitos.
Caso contrario, estas organizaciones harían uso del derecho a plantear, ante los órganos jurisdiccionales competentes, las garantías para restituir los derechos vulnerados.
Por ejemplo, citan en su numeral uno que el Código Penal ya publicado no es el mismo que se socializó en el 2015 y 2016 con diferentes sectores. De manera que el ya publicado no contiene las recomendaciones que en su momento hicieron los participantes de su socialización.
De igual manera, estas organizaciones señalan que el proyecto de Código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado.
Por lo anterior, en su primer numeral señalan que existe falta de transparencia en el trámite legislativo.
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Penas
En torno al tema de las penas, en el documento, estas organizaciones hacen saber que de acuerdo al estudio al nuevo Código, éste baja las penas en cuanto a los delitos en contra de la Administración Pública.
En consecuencia, existiría la posibilidad que quienes sean acusados por dichos delitos evadan la cárcel. En consecuencia, señalan que en ese punto existiría impunidad.
Asimismo, en su numeral tres, hacen saber que esta nueva ley penal permitiría también una retroactividad de la Ley, es decir, al publicarse, aquellas personas que han sido condenadas podrían recibir una baja en sus penas. Por ello, señalan, Honduras seguiría cargando con el flagelo de la corrupción.
Delitos contra el honor
Sobre el tema de los delitos contra el honor y sus sanciones contenidas ahora en el nuevo documento penal, hacen saber que con éste, Honduras seguiría violentando el derecho universal de la libertad de expresión.
Así como otros sectores que ya han cuestionado lo contemplado en el articulo 28 de este nuevo Código Penal, también las organizaciones lideradas por el CNA, rechazan en su documento enviado al Poder Legislativo, las sanciones penales que ahora se incluyen en el Código, las cuales van en contra del trabajo de los medios de comunicación o soportes de difusión.
A criterio de estas, en la nueva Ley Penal se estaría castigando de manera penal a los medios «por informar a la ciudadanía de hechos que los corruptos a su juicio considerarán lesiones al honor», según señalan.
Cabe recordar que, días atrás, el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras (PNH) y diputado, Mario Pérez, anunciaron la eliminación de los delitos contra el honor del Código Penal, los cuales ahora pasan al ámbito civil.
Sobre personas jurídicas
Siempre en el análisis de las organizaciones, hacen mención a que este nuevo Documento Penal estaría desmotivando la inversión extranjera; aumentando la inseguridad jurídica y el desconocimiento del principio de la confiscación. Esto aseguran que sería porque en el Código se incluyen sanciones también penales a personas jurídicas. Es decir serán sancionadas cuando sean responsables de delitos dolosos.
El delito es doloso cuando es cometido con conocimiento y voluntad, aceptando las consecuencias que éste traerá.
Por lo anterior, aseguran que se estaría golpeando la seguridad jurídica de las empresas. «ya que se estaría contradiciendo el principio de responsabilidad subjetiva, puesto que las empresas jurídicas no tienen capacidad de dolo, o sea, voluntad, conocimiento de cometer un hecho delictivo», según citan en el análisis.
Desconocimiento del principio del debido proceso.
También hacen mención al tema del delito de Lavado de Activos. Se exige que deben existir delitos precedentes para acreditar la ilicitud del origen del dinero, pero en este nuevo Código, se ha omitido el hecho que aquellos delitos que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública como ser: el fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, exacciones ilegales y prevaricato, a su vez desaparecen.
Entre estos, desaparecen: la asociación ilícita y apropiación indebida, siendo estos relacionados intrínsecamente con el Lavado de Activos.
De tal forma, aseguran que se estaría debilitando el combate a la criminalidad organizada.
Que el principio de justicia universal prescrito en el Decreto 130-2017 tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas entre otros, eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en Cortes de otros países.
El mismo análisis destaca que el Decreto 130-2017 establece periodos de tiempo muy cortos para que el ejercicio de la acción penal prescriba cuando se cometen dichos delitos, es decir, que quienes hayan lesionado un bien jurídico de la administración pública en instituciones que se amparan bajo la ley de clasificación de documentos públicos, nunca serán sometidos a la justicia.
Violencia contra la mujer
De acuerdo con lo consignado en la nueva norma penal, los hombres que cometan violencia contra la mujer podría evadir la cárcel y obtener penal alternas.
