TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó en las últimas horas un sobreseimiento definitivo a favor de los exmiembros del Consejo de la Judicatura. A estos exconcejales se les acusaba de varios delitos de corrupción.
Con esta resolución se exonera de responsabilidad administrativa, civil y penal, a los exmiembros del Consejo de la Judicatura.
Según el documento remitido por el ente contralor del Estado, la resolución se da, “en vista que el posible perjuicio económico contra el presupuesto por 30 mil 400 dólares y 15 mil lempiras, monto que fue recuperado mediante los pagos efectuados por los exconsejeros, se detalló en la auditoria especial”.
La investigación
El informe también indica que “no se elaboraron pliegos de responsabilidad civil, para estos exfuncionarios. Tampoco se emitieron pliegos de responsabilidad administrativa, ni se elaboró informe con indicios de responsabilidad penal”.
Se explicó en el informe que “la investigación especial se efectuó en cumplimiento de las atribuciones de este Tribunal Superior de Cuentas. De igual manera, se aplicó los procedimientos establecidos para el desarrollo de una investigación de esta magnitud”.
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Acatando lo antes explicado, el juez de Letras en Materia de Corrupción dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Jorge Alberto Rivera Avilés, por 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 delitos de abuso de autoridad.
Dictaron sobreseimiento definitivo para Teodoro Bonilla, a quien se le acusaba por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad.
Misma resolución se dio para Julio César Barahona y Liliam Emelina Maldonado, a quienes también se les vínculo con los delitos en mención.
Auditoría sobre viáticos
Mientras que en el caso de Francisco Quíroz Mejía, se le dictó la misma pena por 93 delitos de malversación de caudales públicos, lo mismo para Celino Arístides Aguilera.
Esa auditoria de este caso fue producto de una investigación especial sobre los objetos del gasto de viáticos que se otorgaron a los consejeros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre los años 2013 a 2016.
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