CORTÉS, HONDURAS. El Juzgado de lo Penal decretó un sobreseimiento definitivo a favor de la exalcaldesa de La Lima, Dilcia Idalia Fernández Zelaya, porque no le leyeron sus derechos al momento de su detención.
A la exalcaldesa se le acusó de los delitos de venta de lotería no autorizada legalmente y uso ilegítimo de distintivos o marcas. En la primera audiencia celebrada, luego de la acusación, le impusieron medidas de firmar cada 15 días y le prohibieron salir del país.
Luego, este lunes se celebró la audiencia inicial, donde la imputada no asistió y su abogado defensor alegó ilegalidad en las pruebas.
De acuerdo a su defensa, en el momento la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no le leyó sus derechos.
El pasado 18 de noviembre autoridades policiales detuvieron a la exalcaldesa de 53 años en su vivienda, donde también funcionaba un establecimiento comercial.
De acuerdo con el informe, dentro de la residencia se encontró evidencia de la venta de la lotería clandestina, cuadernos de apunte, dinero en efectivo y otros indicios que serán entregados para investigación, dio a conocer la Policía.
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Mensaje de la exfuncionaria
A través de su cuenta de Facebook, la exalcaldesa Dilcia Idalia Fernández escribió: «Una vez más tengo que reiterar que, cuando Dios está con uno, no hay ser humano que pueda hacerle daño«.
El día de su aprehensión vivió una experiencia difícil, dijo, pero «el que quiere y está haciéndome daño, le digo que Dios lo bendiga«.
Enfrentó otro proceso judicial
Durante su gobierno la alcaldesa enfrentó un proceso judicial. Ella fue acusada por la Fiscalía contra la Corrupción por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y después fiscales solicitaron que se le modificara el delito al de abuso de autoridad.
En el requerimiento de la Fiscalía en aquel entonces se manifestó que Fernández desobedeció una resolución de un juez de lo contencioso administrativo.
El juez había resuelto a favor de una demanda de amparo presentada por seis comerciantes de pólvora del municipio de La Lima. Se consideró que a los comerciantes se les violentaba el derecho al trabajo. El juez autorizó que se les permitiera vender pólvora, pero ella se opuso y argumentaba que los niños corrían peligro. Sin embargo, luego de una audiencia, se le dictó sobreseimiento definitivo.
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