TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte del director de Radio Globo, David Romero Ellner, ante las complicaciones del COVID-19 dejó gran consternación en el gremio periodístico y el público general en Honduras.
Sin embargo, ese pesar también se extendió y cruzó fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este martes el deceso del comunicador. De igual forma, condenó que Romero haya permanecido encarcelado a finales de junio.
¿Por qué en aquellos momentos? El organismo, cuya sede está en Miami, Estados Unidos, argumenta que fue el día 25 de ese mes que entró en vigencia el nuevo Código Penal, mismo que elimina el castigo de prisión por delitos contra el honor y lo reduce a una repercusión administrativa.
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Disgusto de la SIP en el caso
Por tanto, la SIP también mostró su desagrado con que no se aplicara el principio de retroactividad «que favorecía a Romero». También se recordó que, en 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la proposición de realizar un nuevo juicio para Romero y ratificó la medida de prisión.
Christopher Barnes, presidente de esa asociación, comentó que, si hubieran querido seguir la nueva normativa, el difunto no habría estado «expuesto a una extrema vulnerabilidad» en la cárcel. La misma opinión externó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Igualmente, manifestaron su expectativa de que «la justicia trabaje en forma célere para evitar casos similares». Además, enviaron su más sentido pésame y condolencias hacia la familia, amigos y otros seres queridos dolientes por la trágica situación.
Es importante recordar que el periodista en mención murió a sus 65 años en el Instituto Nacional Cardiopulmonar («Tórax») el pasado sábado. Allí se le trasladó porque se le confirmó que tenía COVID-19 luego de que presentó un cuadro clínico que involucraba fuerte dolor de cabeza y un cuadro febril (fiebre).
Bajo su hospitalización, sufrió dos paros respiratorios. Además, presentó problemas renales, por lo que se le sometió a un par de hemodiálisis.
A él se le envió al Segundo Batallón de Infantería Especial-Táctico en marzo de 2019 para cumplir con una condena de 10 años por difamación y calumnia en perjuicio de la exfiscal Sonia Inés Gálvez.
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