Redacción. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop) denunció este miércoles una serie de irregularidades en la institución, entre ellas la supuesta contratación masiva de familiares y personas afines al diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona.
Según los representantes sindicales, varios empleados con años de experiencia habrían sido despedidos de manera injustificada para dar paso a parientes y activistas políticos del congresista por Francisco Morazán.
La dirigencia asegura que los nuevos ocupantes de esos cargos son, en su mayoría, cercanos al diputado.
“Aquí hay desde yernos, cuñados, sobrinos y activistas que ayudaron a que el compañero, antes compañero, Juan Alberto Barahona, traidor del movimiento sindical, cumpla los compromisos políticos que le ayudaron llegar al congreso”, expresó Esteban Díaz, presidente de Sitrainfop.

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Los trabajadores denuncian además que las principales direcciones del Infop se entregaron a personas allegadas al legislador, lo cual consideran una clara violación a la ley y al reglamento interno de la institución. También responsabilizan al actual director ejecutivo por permitir y avalar estas contrataciones.
“El salario se les asigna de acuerdo a la cercanía con don Juan y con el director. Hay exesposas, sobrinos, cuñados (…) un familión dentro del instituto, y son violadores de los derechos de los trabajadores”, agregó Díaz.
Retención de aportaciones
A las acusaciones se suma la retención de aportaciones sindicales durante dos meses, incrementos salariales selectivos y la contratación de personal por encima de lo autorizado por la Secretaría de Finanzas.
“Hay 608 contratos cuando el dictamen de Finanzas dice que deben ser 585. Aun así, quieren seguir contratando”, advirtió el dirigente.

Ante esta situación, el sindicato solicitó a la Secretaría de Trabajo y a la Dirección General de Servicio Civil que investiguen las contrataciones en el Infop, al considerar que se trata de una politización abierta de la institución y un incumplimiento del contrato colectivo.
Por el momento, los trabajadores se mantienen en asambleas informativas en espera de una respuesta.