TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con problemas económicos serios se encuentra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), a tal punto, de que podría ser declarada como «insolvente» para fin de año.
La noticia la dio a conocer el presidente del Sindicato de Trabajadores de este ente estatal, Orlando Mejía; quien aseveró que «en dos o tres meses sería cerrada o declarada insolvente».
Según Mejía, actualmente, Hondutel opera solo con 30 millones de lempiras al mes; por lo que, se hacen «malabares» para poder cumplir con el salario de todo el personal. Mismo que, oscila en unos 70 millones de lempiras mensuales.
Al mismo tiempo, indicó que «Hondutel percibía entre 50 o 60 millones de lempiras semanales, ahora recibe entre 8 y 10 millones (…). Estamos en la quiebra», evidenció.
Es preciso mencionar que, esta empresa estatal se destacó como una de las más lucrativas del país en los años 90; no obstante, el último periodo que obtuvo ganancias hasta los 96 millones de lempiras fue en el 2016.
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Plan de rescate
Asimismo, Mejía indicó que la empresa podría volver a resurgir gracias a la creación de un plan de rescate a través de la prestación de servicios. Dicho proyecto se presentó al ministro de la presidencia, Ebal Díaz como enlace del presidente Juan Orlando Hernández; no obstante, más allá de su aprobación nunca se propusieron a ejecutarlo.
Con ello, se pretendía sacar 100 megas de internet desde Puerto Cortés y aprovechar toda la estructura del cableado telefónico para suministrar el servicio de la red en todas las escuelas del territorio.
Lamentablemente, el sindicalista, afirmó que «Conatel no nos ha permitido participar en los programas, para llevar servicio de internet a las escuelas por insolvencia».
¿Y qué sucede con los empleados?
Respecto a la situación que los empleados de Hondutel están enfrentando, a causa de la Covid-19, externó que alrededor de 510 trabajadores con problemas de base (patologías vulnerables al virus) no han retornado a sus puestos de trabajo debido a sus condiciones de salud.
Agregando que, entre 800 y 1000 personas están a la espera de su confirmación para el retiro voluntario; en tal caso, se necesitarían unos 500 millones de lempiras para cumplirles con todos sus derechos.
«1,600 trabajadores estuvieron en sus casas y sin hacer nada durante la pandemia. No es justo que las autoridades sigan suspendiendo más empleados», apuntó Mejía.
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