TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado penalista, Leonel Núñez, advirtió que pueden haber demandas millonarias contra el Estado de Honduras debido a los masivos contagios por COVID-19 dentro de las cárceles del país.
Luego que un privado de libertad dio positivo por la COVID-19, otros seis reos presentaron síntomas respiratorios y cuadros por fiebre dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Esto, ocasionó que tomaran la decisión de decretar Estado de Emergencia en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán.
«Este último caso de COVID-19 lo detectaron en el centro penal de El Porvenir. Claramente nos indica que, aunque existe por parte de INP un protocolo cuando llevan a una persona a estos centros, significa que cada director debe tomar con toda seriedad y responsabilidad el caso», dijo Núñez.
Indicó que eso es «en vista que se está desconociendo cuál debe ser el manejo cuando el Poder Judicial manda a una persona a uno de estos centros”.
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Contagios masivos por COVID-19 en cárceles
La principal preocupación, explicó Núñez, radica en que el privado de libertad porta el virus y lo lleva hasta la cárcel donde convive con otros presos. Ahí, es donde el contagio empieza a volverse masivo.
Ante esa situación, el togado manifestó: “Creo que debe el Gobierno tomar cartas en el asunto en vista que, al darse una pandemia dentro de los centros penitenciarios, lo que podría acarrear al Estado son demandas millonarias, incluso por los fallecimientos de personas por el descuido”.
En su intervención respecto al tema, Núñez hizo un llamado dirigido a los directores de centros penales. Les pidió tomar con mucha responsabilidad e importancia los casos por COVID-19 dentro de las cárceles. De lo contrario, podría desatarse un contagio masivo dentro de los centros de reclusión de Honduras.
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