Redacción. A través de su cuenta de «X» el exfiscal adjunto, Daniel Sibrían, respondió este lunes a la acusación directa que le hizo la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, quien le llamó «tapadera de la corrupción».
Castellanos arremetió este día contra Sibrían a través de sus redes sociales, argumentando que el exfiscal tuvo una «supuesta lucha anticorrupción partidaria».
Sin embargo, Sibrían respondió la acusación de Castellanos basándose en la Ley del Ministerio Público.
«GC, un funcionario no tiene más facultades que las que expresamente le confiere la Ley. Conforme al art. 18 de la Ley del Ministerio Público, el Fiscal General Adjunto no tiene facultades para perseguir el delito; ni me las delegó CHINCHILLA. Si busca tapaderas, no use mi nombre».
GC, un funcionario no tiene más facultades que las que expresamente le confiere la Ley. Conforme al art. 18 de la Ley del Ministerio Publico, el Fiscal General Adjunto no tiene facultades para perseguir el delito; ni me las delegó CHINCHILLA. Si busca tapaderas, no use mi nombre. https://t.co/dWoxQB1uWu
— Daniel Arturo Sibrián Bueso (@dsbhn1) November 20, 2023
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¿Qué dice la Ley?
El artículo 18 de la Ley del Ministerio Público establece que: «El Ministerio Público tendrá también un Fiscal General Adjunto bajo la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en sus ausencias temporales y en las definitivas mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación».
Es decir, Daniel Sibrían, tal y como lo expresó en su post de «X» nunca tuvo facultades para ejecutar la investigación pública.
Ya que las facultades para perseguir el delito las tenía el exfiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, quien nunca se las delegó, tal y como lo manda la Ley.
Por otra parte, Castellanos presentó hoy una garantía de «inconstitucionalidad» en contra de la elección interina de los fiscales del Ministerio Público (MP).
El recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicisa (CSJ) alega que el decreto infringe preceptos constitucionales de forma y contenido.
La elección de Johel Zelaya —como Fiscal General— y Mario Morazán —como Fiscal Adjunto— se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, con solo nueve votos. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo durará el interinato, puesto que no hay consensos entre el oficialismo y la oposición.
