La Fiscalía presentó este viernes el escrito de acusación contra Shakira, en el que solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana.
El escrito de acusación atribuye a la artista de 45 años haber defraudado 14,5 millones de euros (US $14,8 millones) en impuestos en los años 2012, 2013 y 2014.
A la cantante se le imputan seis delitos contra la Hacienda pública con dos agravantes: por la elevada cantidad de la defraudación y por la “utilización de personas jurídicas interpuestas”, o sea, de sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos.
Shakira, que se declara inocente, rechazó este miércoles llegar a un acuerdo para rebajar las penas y eludir un juicio. De igual manera, aseguró ser víctima de una «persecución» y manifestó su intención de llegar hasta el final del proceso.
El día a día de Shakira
La acusación se apoya en los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria, que analizaron el día a día de Shakira a través de su asistencia a peluquerías y salones de belleza, de sus visitas a la clínica Teknon durante el embarazo de su primer hijo o de pruebas documentales, como el alquiler de un estudio de grabación cerca de Barcelona. Los técnicos rastrearon, además, las redes sociales de la artista, que permiten situarla en España la mayor parte de días del calendario.
La cantante ya devolvió los 14,5 millones de euros que le exigía el fisco español y otros 2,7 millones en intereses (US $2,75 millones) en 2018, con un desembolso total de 17,2 millones de euros (US $17,5 millones).
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Aunque aquel pago saldó la deuda, la fiscalía le exige ahora 23,8 millones de euros (US $24,3 millones), además de ocho años y dos meses de cárcel, como sanción por sus supuestas maniobras de evasión fiscal.
Las personas que pasan más de seis meses al año en España se consideran residentes a efectos fiscales.
Paraísos fiscales
Shakira, cuya fortuna se calcula en más de US $300 millones, declaró España como su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015, pero no antes.
La fiscalía argumenta que, en los tres años anteriores, la cantante pasaba la mayor parte de su tiempo en España con su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y solo viajaba al exterior por compromisos profesionales.
La acusa de haber usado un «entramado societario» creado años antes con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo para no tributar en España, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.
Según la acusación, la cantante solo abandonó España entre 2012 y 2014 por «motivos profesionales, con una duración muy corta» y, por tanto, estaba obligada a tributar en el país «por la totalidad de su renta mundial».
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