Redacción. Con el próximo vencimiento de la última prórroga del estado de excepción parcial, la Secretaría de Seguridad de Honduras confirmó su intención de solicitar una nueva extensión que comenzaría este lunes 6 de enero.
Como explicó Miguel Martínez Madrid, portavoz de Seguridad, la prórroga busca seguir con la misma lucha contra la delincuencia y reducir las muertes violentas, en especial los feminicidios. «La decisión es clara. Se pretende reducir la criminalidad y dar protección a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres», afirmó Martínez Madrid durante una intervención en TN5 Estelar.
Esta propuesta, sin embargo, no ha sido recibida de forma unánime en el Congreso Nacional, donde varios diputados de oposición han expresado su desacuerdo con la medida. El diputado Antonio Rivera (del Partido Nacional) argumentó que la falta de resultados concretos en la disminución de la violencia estaría detrás del uso del estado de excepción como una herramienta en campañas políticas. «Si esta medida estuviera funcionando, no habría duda en nuestro apoyo», afirmó.
El proceso para extender el estado de excepción -ampliado hasta 14 veces- requiere la aprobación del Congreso por mayoría simple. Eso implica que el gobierno hondureño necesitaría al menos 65 votos de los 128 diputados para que la medida sea válida. Si bien en las primeras etapas de la medida hubo un respaldo mayoritario, la situación política actual complicaría su continuidad. En este sentido, el futuro de la herramienta estará condicionado al apoyo legislativo que se logrará reunir en los próximos días.
¿Solución o más problemas?
Aunque por un lado el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, asegura que el estado de excepción ayudó a reducir la violencia en Honduras, expertos señalan que las mejoras no se han notado.
Según el secretario, la tasa de homicidios en Honduras se redujo en los últimos tres años de 42 a 26 por cada 100,000 habitantes. Jaime Rodríguez, experto en derecho, piensa lo contrario y sostiene que hay falta de cambios significativos en la seguridad del país. «La población no siente los efectos de esta medida», subrayó.
