SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Durante la mañana de este viernes fue capturado un sujeto, acusado de ser el segundo implicado en la muerte de la abogada Connie Montero, quien fue asesinada el pasado 09 de octubre del 2020.
Los miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo detuvieron en el municipio de Potrerillos, Cortés. El sujeto es uno de los más buscados de Honduras. Lo identificaron como José Marvin Lemus Zelaya, de 28 años, originario de la aldea Sabana de Suárez.
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El portavoz de la DPI, el subcomisario Juan Sabillón, dijo a los medios que “gracias al trabajo de investigación realizado por la DPI se logró localizar y detener a esta persona. Él figura en el cartel de los mas buscados por el delito de femicidio. Se le presume responsable del asesinato de la abogada Connie Montero, ella era empleada del Poder Judicial en San Pedro Sula”.
“Fue interceptada por una motocicleta y la persona hoy detenida habría hecho el trabajo de sicariato de acuerdo a la investigación. Se hará el papeleo correspondiente para ponerlo a la orden de los juzgados de San Pedro Sula. Es el segundo implicado que se detiene con respecto al caso de la abogada Connie Montero”, finalizó Sabillón.
Muerte de la abogada
Connie Gabriela Montero Aguilar era una abogada que ejercía como secretaria adjunta en la sala 03 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
A las 16:00 horas del 09 de octubre de 2020, mediante el Sistema Nacional de Emergencia 911 se recibió una denuncia. Ahí se conoció que, en la 33 calle, 3 y 4 avenida, colonia La Paz, sujetos a bordo de una motocicleta habían disparado a una mujer.
La atacaron a disparos dos hombres, cuando ella salía de sus labores en el juzgado. Aunque seguía con vida tras el ataque, murió camino a un hospital.
Captura del primer implicado
El 17 de abril de 2021 fue capturado Edwin Barrientos, de 32 años de edad, alias «El Coquero», también presunto implicado en crimen de la abogada Montero.
Además, se le siguen diligencias por un segundo delito de asociación para delinquir en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Esas acusaciones, se establecen en una orden judicial girada por autoridades de la zona norte del país.
