La reforma electoral es, junto con la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, el principal dilema político que se presentará en la tercera legislatura, al iniciar sus sesiones el congreso nacional el próximo año.
Hay, por supuesto, otra cuestión de alta trascendencia, la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero ésta, ya se sabe, está de alguna manera decidida de antemano en las oscuridades de la trastienda bipartidista, al margen de la pantomima nominadora.
A lo largo de los últimos 30 años de “democracia” formal en nuestro país, la evolución de los procedimientos electorales ha sido lenta, precisamente por el afán de los partidos tradicionales –Liberal y Nacional—de conservar el control absoluto de los procesos electorales, sin considerar el alejamiento de la cúpula partidista de las bases que demandan la democratización interna de las instituciones políticas, lo mismo que la legitimidad de los procesos electorales.
El resultado de la presencia de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (MSE-UE) no podría ser más significativo en cuanto a comprobar la falta de voluntad política de realizar una reforma electoral para dar legitimidad al sistema político-electoral y avanzar en el desarrollo de la democracia participativa e inclusiva.
En este sentido, la voluntad bipartidista –en realidad, unipartidista bajo el dominio del Partido Nacional (PN) “hecho poder—se presenta inconmovible en cuanto a ceder al cambio determinado por la inflexión al pluripartidismo, que exige la segunda vuelta electoral o balotaje, y, en consecuencia, el mantenimiento del principio de la no-reelección presidencial.
En lo que respecta al Partido Liberal (PL) sobre esta problemática, se evidencia una situación esencialmente contradictoria, que, en primer lugar, denota el conflicto entre la autoridad institucional –el Consejo Central Ejecutivo—y la bancada legislativa de diputados liberales, e igualmente en el seno de esta bancada.
Eso configura, en última instancia, un grave trastorno en las bases liberales, cada vez más alejadas de su antigua lealtad a la religión partidaria.
De hecho, la maniobra cuasi maquiavélica para esterilizar la reforma electoral reside en dividir la iniciativa de reforma electoral en dos partes: a) La que implica cambios constitucionales –reelección presidencial, segunda vuelta–, y, por lo tanto, ratificación de la siguiente legislatura, y b) La que puede efectuarse en cualquier momento antes de la convocatoria a elecciones generales.
De esa manera, aquellas reformas que requieren de la ratificación de la siguiente legislatura quedarían postergadas a las calendas griegas, siempre con la argumentación de que es imprescindible contar con más tiempo y espacio para discutir esos temas profundos, como si tal discusión apenas comenzara y nada hubiera ocurrido ni se hubiera analizado en años y años de discusión infecunda.
Está claro, entonces, que a la oposición política, obligada por las circunstancias y por el compromiso con el desarrollo democrático de Honduras, no le queda otra opción que la de actuar, con energía e integridad, bajo el lema “Segunda Vuelta, No-Reelección”. Una posición de principios, de genuina voluntad revolucionaria.
