TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde el pasado 7 de marzo de 2018 fue oficializada la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal General de la República. En ese sentido, han pasado 49 días desde la apertura a este concurso.
Cabe señalar que el próximo lunes 30 de abril del presente año vence el plazo para la postulación del Fiscal General. Se ha dado a conocer que hasta el momento solo una persona se ha escrito a este concurso.
Cabe señalar que hasta el momento no se conoce la identidad de la persona que busca convertirse en la nueva autoridad del Ministerio Público.
La pasada elección del Fiscal General donde resultó electo Óscar Chichilla, se postularon 30 candidatos de los cuales llegaron a la fase final cinco profesionales, entre ellos: María Antonia Navarro, Rolando Edgardo Argueta. Asimismo, Rigoberto Cuéllar e Ivis Discua Barillas.
Tras conocerse que solo un profesional se ha postulado para este nuevo proceso del Fiscal General, expertos en la materia señalan que nadie quiere dicho puesto. Además, consideran que esto es una estrategia gubernamental para reelegir a Óscar Chichilla.
Raúl Pineda
Sobre este tema, el analista político Raúl Pineda dijo que el cargo al Fiscal General del Estado ya no es tan atractivo. Lo anterior, para los profesionales calificados que llenan los requisitos para esta plaza.
“Los fiscales no tienen en Honduras una estabilidad laboral solidad. Por eso es necesario reformar la ley a manera que el nuevo fiscal tenga los mecanismos necesarios para sostenerse en dicho cargo”, explicó.
Posteriormente, señaló que la gente considera que el próximo fiscal lo va a elegir el Congreso Nacional. «Esto, formalmente va ser así; pero al final será el presidente de la República quien va elegir al fiscal», citó.
“Por esos motivos los profesionales que llenan los requisitos prefieren no participar en este concurso. Ya que el resultado de esta plaza no va ser tratada con equidad”, especificó.
Sin embargo, dijo que en el curso de los próximos días habrá nuevos postulantes. Esto, porque el proceso necesita que haya varios candidatos para llevarse a cabo. «La ley establece que 30 días antes de la elección deben estar los aspirantes a este cargo. Son cinco aspirantes de los cuales van a quedar dos. Este mecanismo tiene que ampliarse desde un inició», arguyó.
«El próximo fiscal por muy bueno que sea no va poder hacer su gestión. Además, si no practican una reingeniería completa en el Ministerio Público», detalló.
Finalizó diciendo que el candidato ideal para ser el nuevo Fiscal General del Estado tiene que ser un persona que ya estuvo en el Ministerio Público.
Edgar Soriano
El analista político hondureño Edgar Soriano, aseguró que “es muy probable que exista una reelección del fiscal.
«Parece ser que esa es la intencionalidad de todas las luces que se manifiesta de parte de las élites políticas gobernantes. Lo que están dando a entender es que quieren mantener al fiscal y no se quieren arriesgar con otra persona. Pues esto lo hacen como una estrategia”, señaló.
Asimismo, indicó que “el problema que existe en Honduras es que toda la institucionalidad tiene vínculos con problemas de corrupción”.
En días anteriores el actual fiscal general del Estado, Oscar Chinchilla descartó que esté buscando un segundo mandato en el Ministerio Público (MP). Varios diputados y algunos sectores de la sociedad civil, como la Confraternidad Evangélica. Así como la Asociación para una Sociedad Más Justa, han manifestado que Chinchilla debería continuar frente al Ministerio Público.
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Sépalo
Para aspirar a ser Fiscal General de la República y fiscal adjunto los candidatos deben reunir los siguientes requisitos:
•Ser hondureño por nacimiento
•Tener más de 35 años
•Profesional del derecho
•Colegiado y con 10 años en la judicatura en la profesión o en la docencia en el nivel de educación superior en el área de las ciencias jurídicas, entre otros.
Sin embargo, la ley del Ministerio Público, en su artículo 22, establece que el Fiscal General del Estado y el adjunto serán electos en el hemiciclo legislativo.
Dos de los cinco nominados serán favorecidos con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de diputados, es decir, 86 votos, o lo que se conoce como mayoría calificada.
