Redacción. Después de más de dos meses del estallido del escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el fiscal general del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya, confirmó este viernes que ya recibió en su despacho el informe de auditoría elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“El TSC recomienda evaluar el contenido del informe. He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que de inmediato lo analice y lo incorpore a las investigaciones, las cuales ya presentan avances”, señaló Zelaya en un comunicado oficial.
El fiscal detalló en su cuenta de la red social X que el informe será revisado con prioridad por la FETCCOP, aunque no precisó cuáles son los progresos que hasta ahora registra la investigación.
Antecedentes del caso
El último movimiento relevante sobre el caso se produjo en julio, cuando fiscales del Ministerio Público, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron el secuestro de documentos de Sedesol.
El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se incautaron contratos, informes financieros y expedientes de programas sociales señalados por presuntas irregularidades.
Para organizaciones de sociedad civil, esa acción representó una señal de que el caso avanzaba. Sin embargo, en aquel momento no se presentaron requerimientos fiscales contra funcionarios vinculados.
Le puede interesar: Exministro de Sedesol reaparece y critica precio de la carne: «Está súper cara»
Cronología del caso Sedesol
23 de junio: La crisis comenzó con la viralización del audio de una llamada entre la diputada Isis Cuéllar (partido Libre, Copán) y el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que discutían el manejo de fondos sociales con evidente tinte político.
La filtración provocó indignación en la ciudadanía y cuestionamientos sobre el uso clientelar del Fondo de Administración Solidaria.
24 de junio: Cardona ofreció una conferencia de prensa para explicar la gestión de los fondos y aseguró: “Estamos abiertos a cualquier investigación, nuestra transparencia nos respalda”.
26 de junio: Para esta fecha salió a la luz que 80 diputados, principalmente de Libre, habrían gestionado cerca de 235 millones de lempiras para becas, proyectos de infraestructura y programas de seguridad alimentaria. Según organizaciones civiles, los recursos los habrían utilizado con fines de clientelismo político.
27 de junio: Ante la presión mediática y social, José Carlos Cardona presentó su renuncia irrevocable como ministro de SEDESOL, aceptada por el Consejo de Ministros en Casa Presidencial.
30 de junio: El fiscal Zelaya informó que había ordenado una investigación de oficio, y aclaró que, de encontrarse responsabilidad penal, los involucrados serían llevados ante los tribunales. Tras este pronunciamiento, el Ministerio Público mantuvo un prolongado silencio.
2 de julio: Se ejecutó la intervención de las oficinas de Sedesol en el Centro Cívico Gubernamental, mientras otro equipo se trasladó a Copán para entrevistar a beneficiarios de los fondos gestionados por Cuéllar.
4 de julio: La coordinación del Partido Libre aplicó medidas internas: se suspendió temporalmente a Isis Cuéllar y se cerró el Fondo de Administración Solidaria.
Implicados y su situación actual
A pesar de los señalamientos, Isis Cuéllar y José Cardona mantienen una vida tranquila, sin ser requeridos por la Fiscalía ni enfrentar cargos formales. Su separación de los cargos respondió más a la presión social que a acciones judiciales directas.
Otro funcionario vinculado es Mario Sandoval, exviceministro de Sedesol, señalado por la firma de contratos y autorización de desembolsos cuestionados. Hasta ahora no ha enfrentado procesos judiciales, aunque su papel sigue siendo clave para esclarecer el entramado de irregularidades.
Presión de la sociedad civil y expectativas
Organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han demandado transparencia y rapidez en la investigación.
Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ASJ, señaló que a dos meses del estallido del caso ya se deberían haber presentado avances o auditorías por parte del Ministerio Público, la Secretaría de Transparencia o el TSC.
“Este caso es emblemático y la ciudadanía necesita saber quiénes se beneficiaron del dinero destinado a los sectores más pobres”, afirmó Castañeda. Para él, la actuación lenta del Ministerio Público y la falta de independencia en las instituciones generan la percepción de impunidad.
El abogado penalista Henry Salinas explicó que los delitos son “a todas luces evidentes”, pero que existe un sesgo en la Fiscalía, que responde a intereses políticos en algunos casos y guarda silencio en otros.
Mientras tanto, Carlos Sierra, experto en seguridad, remarcó que la legislación penal y administrativa retrasa la investigación de corrupción. Señaló que primero deben cumplirse los procedimientos administrativos antes de iniciar un proceso penal.
Avance con la auditoría del TSC
Con la llegada del informe del TSC al despacho del fiscal Zelaya, la FETCCOP obtiene un insumo técnico crucial que podría permitir avanzar en la identificación de responsabilidades y consolidar pruebas sobre delitos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
El caso Sedesol sigue siendo un desafío para la transparencia en Honduras. Desde su estallido el 23 de junio, la ciudadanía espera que las investigaciones no queden solo en anuncios, sino que se traduzcan en acciones concretas contra quienes manejaron fondos destinados a los más vulnerables.
Le puede interesar: Alcalde de Choloma admite haber recibido L20 millones de Sedesol
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa, su director de Seguridad afirmó algo con lo que la sociedad hondureña está de acuerdo: “ojalá tengamos respuestas antes del proceso electoral del 30 de noviembre y que la justicia procese a todas las personas involucradas”.
