TEGUCIGALPA, HONDURAS. El dirigente del Sector Transporte, Gerardo Aguilar, dijo en cuanto a la extorsión que les persigue por más de una década, «estamos en un círculo vicioso que nos tiene en peligro de desaparecer».
En ese sentido, Aguilar detalló que todos los años es lo mismo, ya que no hay castigo, ni persecución para los delincuentes que cometen este ilícito en perjuicio de dicho sector.
«Seguimos siendo presa fácil de la extorsión producto de la alta impunidad que impera en el país. No hay castigo, no hay persecución, no hay atención a la víctima y esta situación es la que nos ha venido afectando por más de una década».
Seguidamente, el dirigente afirmó que en diciembre se pagó más de 40 millones de lempiras en extorsión a diferentes estructuras criminales. Cabe recordar, que los malhechores solicitaron el aguinaldo y el dinero del mes de enero adelantado.
«Este mes de diciembre nos cerramos con una factura de más de L.40 millones solo en Tegucigalpa por el pago de extorsión; Perdidas irreparables, vidas humanas que quedaron en el camino y esto nos tiene consternados a todos».
De manera similar, Aguilar destacó que «tenemos una fuerza de seguridad para el transporte urbano, una fuerza especial anti maras y pandillas, tenemos un nuevo instituto hondureño de transporte, una ley actualizada».
No obstante, lamentó que la situación en vez de mejorar con respecto al combate a la criminalidad, «todo sigue igual». A su vez, mencionó que no han sido creados juzgados especiales para el transporte, ni nombrado fiscales como lo dice la ley de este sector en sus artículos 89, 90 y 91.
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Dispositivos de seguridad en las unidades del Transporte
Asimismo, el dirigente precisó que esa ley habla de la instalación de dispositivos de seguridad electrónicos en las unidades de transporte, tales como cámaras, GPS, botón de pánico. Sin embargo, las mismas no han sido puesta en práctica.
«Hace más de un año se contrató a una empresa que iba a proveer todos estos servicios y si esta empresa se declara incapaz de poder instalar esta tecnología, pues debe buscarse otra». Por lo cual, pide la intervención del Estado de Honduras.
Aguilar enfatizó «si sumamos toda esta situación lo que provoca es lo que estamos viviendo hoy; un pago desmedido ante los extorsionadores, perdidas humanas y esperamos que el 2020 sea diferente para todos».
Pago a los extorsionadores
Mientras tanto, el dirigente explicó que entre 600 a 700 lempiras se paga a la semana a los extorsionadores por grupo. Especificó que son de 3 a 6 pandillas los que exigen el impuesto de guerra a cada punto de este rubro.
«Multiplique eso por cada unidad de transporte de bus urbano, buses interurbanos, mototaxis, taxis a nivel nacional, son cantidades exorbitantes que se recauda para esto. La única manera de garantizar la vida de nuestros operadores es pagando».
Agregó que los compañeros que no pueden pagar el cobro de la extorsión debido a las deudas que tienen con la banca, terminan por dejar sus negocios. Mismos que son capturados por estos grupos criminales. «Pedimos una depuración total o una intervención completa en el Sector Transporte«.
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El problema no se ataca de raíz
Con respecto al combate contra la extorsión, Aguilar sostuvo que todos los días hay capturas de personas vinculadas a este delito. «Pero no se ven resultados, no se ataca de raíz».
«Es como que pretendamos acabar con el narcotráfico apresando a personas que se dedican al narcomenudeo. Así como con éxito se desarticularon bandas criminales en el país de narcotráfico, se debería hacer lo mismo con la extorsión».
Por lo anterior el dirigente exigió un trabajo investigativo más profundo por parte de las fuerzas especiales. A fin de saber «quién mueve los hilos» en el cobro del impuesto de guerra.
«Ellos van dos pasos adelante de la seguridad en Honduras. Es peligroso lo que estamos viviendo, buscan niños para que delinquen y ellos al cumplir la mayoría de edad dejan los centros correccionales».
Para finalizar, Aguilar aseveró que las cárceles del país, «no funcionan para reinsertar a estas personas a la sociedad, al contrario regresan con mayores contactos y con mayor aprendizaje. Los centros penales no son de rehabilitación, son para reunirlos y que ellos hagan más planes para molestar a la sociedad»
