Redacción. Ayer miércoles se llevó a cabo en San Pedro Sula una reunión a puerta cerrada entre representantes del sector privado, pobladores de comunidades afectadas y autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que tuvo como objetivo abrir diálogo en torno al proyecto de la represa El Tablón, que se construiría en la zona de Quimistán, Santa Bárbara.
La reunión estuvo encabezada por el ministro de la ENEE, Erick Tejada, y entre los asistentes estuvieron empresarios de las cámaras de comercio de Santa Bárbara y Cortés, así como pobladores de la zona, incluyendo a Félix Madrid, propietario de tierras productivas en el área donde se planea levantar la obra.
Una represa en medio de la controversia
La represa El Tablón se proyecta sobre el río Chamelecón y, según cifras de la ENEE, afectaría directamente a unas 400 familias distribuidas en los municipios de Quimistán, San Marcos y Petoa. Erick Tejada defendió la viabilidad del proyecto al afirmar que la afectación social es mínima. “En Quimistán, la afectación social estimada es de menos del 1% de la población; en San Marcos, del 8%; y en Petoa, tres viviendas”, precisó. Además, señaló que la mayoría de las tierras afectadas —unas 2,241 hectáreas— son productivas y no residenciales.
El funcionario destacó que el plan incluye mecanismos de compensación y desarrollo. “Hay un componente de 100 millones de dólares dentro del contrato de crédito para hacer la compensación económica”, sostuvo. Asimismo, explicó que se contempla la creación de una incubadora de empresas para fomentar el turismo sostenible, la acuicultura y otras iniciativas productivas.
Además, se mencionó la posibilidad de incorporar un esquema de usufructo de energía para cooperativas energéticas locales.
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Preocupaciones
Pese a estas garantías, el rechazo de sectores comunitarios sigue firme. Más de 300 propietarios de tierras han expresado su oposición, argumentando que la represa inundaría más de 3,500 hectáreas productivas y afectaría negativamente los ingresos municipales.
Virgilio Reyes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Bárbara, reconoció los riesgos. “Quimistán y San Marcos serán los más afectados”, indicó, aunque también hizo un llamado a revisar todos los componentes del proyecto. “Hay que ver el impacto económico que nos va a dejar la afectación de las tierras. Cerca de L1,700 millones aportamos al Producto Interno Bruto y eso tenemos que verlo, junto con las oportunidades que podríamos generar”, manifestó.
Por su parte, Óscar Mejía, presidente del Patronato Regional de Occidente, señaló que aún hace falta una mayor socialización. “Creo que hace falta que las comunidades tengan pleno conocimiento del proyecto. De esa manera se darán cuenta de los beneficios, el impacto positivo y negativo”, opinó.
Reclamos del Comité de Defensa
El Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, uno de los actores más críticos del proyecto, no participó en la reunión, aunque estaba invitado por la ENEE. A través de un comunicado, el Comité reafirmó su disposición al diálogo, pero bajo condiciones claras. “No participaremos en reuniones en las que solo convoquen a miembros individuales del Comité”, subrayaron.
Además, solicitaron que se convoque una mesa de trabajo multisectorial por parte de la presidenta Xiomara Castro, en la que puedan participar libremente como representantes de las comunidades. Insisten también en que el Estado debe ejecutar de inmediato las cinco medidas aprobadas por el Congreso Nacional para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula, sin destruir el Valle de Quimistán. “Dichas acciones deben ser ejecutadas de inmediato utilizando el presupuesto de 20 millones de dólares ya aprobado”, recalcaron.
Proyecto en marcha
Erick Tejada fue enfático en señalar que el proyecto sigue su curso. “Nosotros ya estamos en el proceso. Evidentemente, vivimos en un Estado de derecho y cada quien tiene, según lo establece la Constitución de la República, el derecho de interponer sus recursos”, declaró. Añadió que “seguimos con el cronograma mientras no haya una sentencia firme de un juzgado” y que “la mesa va a continuar el proceso de socialización por etapas”.
La represa, que estaría ubicada en La Vuelta Los Limones, tendría una cortina de aproximadamente 560 metros lineales. La obra, financiada con más de 311 millones de dólares por el BCIE a una tasa de interés del 7.25% anual, tendría un plazo de ejecución de cuatro años a partir de octubre.
El proyecto también contempla el control de crecidas en los valles de Sula y Naco, así como el abastecimiento de agua para consumo humano y riego.
