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viernes, mayo 9, 2025

Secretarios municipales, acusados por emitir constancias falsas para alterar domicilio electoral

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Redacción. El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó este viernes dos requerimientos fiscales a dos secretarios municipales por la emisión irregular de constancias de vecindad.

Las constancias habrían sido utilizadas para modificar de forma fraudulenta el domicilio electoral de personas que no residen en los municipios de San Antonio de Oriente (Francisco Morazán) y San Antonio de Flores (El Paraíso).

La UECDE se habría encargado de llevar las investigaciones correspondientes.

El primer caso involucra a Marelyn Mercedes Rodríguez Escalante, secretaria municipal de la Alcaldía de San Antonio de Oriente, a quien se le imputa la emisión de al menos diez constancias entre julio y agosto de 2024.

La investigación revela que las personas que se beneficiaron de los documentos eran de Tatumbla, pero no residían ni trabajaban en el municipio al que las trasladaron electoralmente.

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Rodríguez enfrenta cargos por falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y otros delitos electorales.

El segundo requerimiento es contra José Napoleón Cáceres Dormes, actual secretario municipal de San Antonio de Flores y precandidato a alcalde por un partido político.

Constancias falsas

De acuerdo con el MP, Cáceres habría extendido constancias falsas para alterar el domicilio electoral de ciudadanos de escasos recursos, con el fin de favorecer su candidatura en las elecciones de marzo de 2025.

Ambos casos comparten un patrón: activistas políticos indujeron a ciudadanos vulnerables a cambiar su domicilio electoral a cambio de promesas de ayuda.

Los ahora imputados habrían facilitado constancias falsas.

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Las investigaciones detallan que usaron estas constancias fraudulentas para alterar la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir la corrupción electoral y garantizar procesos democráticos transparentes en el país.

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