Redacción. En medio de los señalamientos por presunta corrupción en el denominado “Sedesolazo”, el secretario de Transparencia, Sergio Coello, confirmó este martes que el informe relacionado con el caso ya concluyó y que en los próximos días se presentarán los hallazgos concretos junto con posibles acciones legales.
Desde los juzgados capitalinos, Coello aseguró que el gobierno remitirá los casos a los entes competentes si se confirma el mal manejo de fondos públicos. “No nos temblará la mano”, afirmó, en referencia a las posibles sanciones administrativas o penales.

El caso, que implica el presunto desvío de recursos del extinto programa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedesol), generó polémica debido a la falta de resultados claros desde que se revelaron los primeros indicios.
Falla dentro de Sedesol
El secretario de Transparencia indicó que, por el momento, no puede adelantar detalles, pero confirmó que se han identificado fallas en el control interno, las que estarán documentadas en el informe que se hará público.
Al ser consultado sobre nuevos señalamientos contra un alcalde del departamento de Copán, aseguró que toda denuncia será investigada sin importar afiliaciones políticas. “Nos regimos por principios de transparencia e integridad pública”, enfatizó ante un medio local.

Además, informó que, por orden de la presidenta Xiomara Castro, se están auditando todas las secretarías de Estado que han manejado fondos públicos conforme al artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto.
Aunque el gobierno insiste en su discurso de lucha contra la corrupción, distintos sectores cuestionan la lentitud en las acciones y la ausencia de procesos judiciales firmes, hasta ahora.
Coello reiteró que presentará el informe sobre el caso Sedesol «en su momento», sin precisar una fecha exacta.
Caso Sedesolazo
El caso “Sedesolazo” ha estado en el ojo público debido a denuncias de corrupción en Sedesol, donde se habría desviado una gran cantidad de recursos destinados a programas sociales para las comunidades más vulnerables.
Las investigaciones apuntan a una red de funcionarios públicos que presuntamente malversaron fondos, con la complicidad de empresas privadas vinculadas al gobierno. Este escándalo ha afectado la confianza en las instituciones encargadas de la distribución de ayudas sociales.

El «Sedesolazo» ha tenido un impacto significativo a nivel político y social, al descubrir una estructura de corrupción que pudo haber afectado a miles de personas dependientes de esos recursos.
Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva y se espera que presenten cargos contra los responsables. Sin embargo, algunos sectores cuestionan la transparencia y el ritmo de la justicia.
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