Redacción. La adjudicación de un millonario contrato para la compra de laptops en 2021 ha puesto en evidencia graves irregularidades en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), dirigida por Luther Castillo, según denuncias.
Un medio de comunicación compartió la contratación de la empresa Diseño y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R.L. (Dicomarca), una constructora sin experiencia en el ámbito tecnológico, para la adquisición de 496 laptops por más de 12.5 millones de lempiras.
El proceso de licitación, titulado «Adquisición de computadoras para uso de espacios comunitarios», estaba diseñado para entregar los equipos en 20 días hábiles. Sin embargo, tres de las cuatro empresas participantes pidieron un plazo de 60 días para cumplir con la entrega. Fue entonces que Senacit eligió la propuesta de Dicomarca, alegando ventaja en tiempo, pues le entregaría los equipos en 20 días, pero cobrando casi 6 millones de lempiras más que sus competencias.
Según los informes, lo extraño del proceso es que, según la Ley de Contratación del Estado, la licitación no otorgaba ningún valor ponderado al tiempo de entrega, lo que hacía que el precio más bajo debiera prevalecer. A pesar de esto, Dicomarca fue favorecida, presentando una oferta considerablemente más alta que otras empresas tecnológicas, que ofrecían los mismos equipos a precios más competitivos.
Irregularidades en la documentación
La adjudicación se cuestionó debido a la falta de experiencia tecnológica de la empresa ganadora. Dicomarca, registrada en 2022 como constructora de obras civiles, no había participado previamente en la venta de productos tecnológicos. Su historial de contratación pública se limita a obras menores, como la remodelación de oficinas del Congreso Nacional.
Durante el proceso de licitación, Dicomarca presentó varias omisiones en su documentación, como la falta de registros contables detallados, la ausencia de imágenes de los productos ofertados y la no acreditación de su inventario, indican los reportes.
Pese a estas inconsistencias, la empresa fue autorizada a subsanar la documentación en un plazo de 11 días hábiles. Luego, tras una segunda evaluación, cumplió sorprendentemente “a cabalidad” con los requisitos.
La sobrevaloración
El monto adjudicado, 12.5 millones de lempiras, representa una sobrevaloración del 91.9 % en comparación con la oferta más baja presentada. Expertos en contratación pública han señalado que la diferencia de casi el doble en el precio no guarda relación con los 40 días adicionales de entrega, especialmente cuando no se asignó ningún valor a este factor en los pliegos de licitación.
La adjudicación de este contrato ha abierto cuestionamientos sobre posibles irregularidades, como favoritismo, falta de transparencia y una mala utilización de los recursos públicos. El proceso, según expertos, violó principios fundamentales de eficiencia y economía, favoreciendo a una empresa sin experiencia en el sector tecnológico.
