Redacción. Tras la circulación en redes sociales de imágenes en las que se observa a una persona ingiriendo lo que aparenta ser una bebida alcohólica dentro de un vehículo del Estado, la Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), a la cual está asignado el automóvil involucrado, emitió un comunicado oficial intentando justificar su uso.
Según la versión proporcionada por la institución, el vehículo fue autorizado para atender una situación de emergencia familiar relacionada con el fallecimiento de un pariente cercano de un motorista que forma parte del personal de la Secretaría. El comunicado aclara que la movilización del automóvil se realizó con la finalidad de brindar apoyo humanitario en ese contexto.
La SECAPPH debe presentar documentación
No obstante, expertos en derecho consultados por Diario Tiempo señalaron que un simple comunicado de prensa no es suficiente para justificar plenamente el uso de un vehículo estatal. La situación se agrava especialmente por las imágenes que evidenciarían el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los ocupantes del mismo.
Las fuentes legales consultadas argumentaron que, para validar de manera transparente y legal el uso del automóvil oficial, la SECAPPH debió presentar documentación formal como un permiso específico de uso, un memorándum institucional detallando el motivo y destino del viaje, o al menos el acta de defunción del familiar en cuestión. La ausencia de esta documentación, sostienen los especialistas, podría interpretarse como un intento de encubrimiento o mal uso de los recursos públicos.
«¿Qué tal si se produce un accidente? ¿Cómo justifican que la unidad estaba fuera de la Secretaría? ¿Quién autorizó, de qué forma lo autorizó y por qué razón? Todo eso tiene que quedar registrado en un memorándum, por fuerza», aseveró una de las fuentes consultadas.
Por otra parte, el abogado Manuel Andino, le explicó a Diario Tiempo que la SECAPPH no tiene autorización para prestar sus vehículos en periodos de asueto.
«Los vehículos del Estado son para uso exclusivo de actividades meramente de cada institución; (caso contrario) incurren en el delito de abuso de autoridad», afirmó el experto.
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¿Qué dicta la ley?
De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y también sus Normas Técnicas de Control Interno, el uso de bienes del Estado no autorizado está prohibido.
Por lo anterior, los involucrados en el uso de un auto del Estado sin los permisos pertinentes, pueden ser sancionados con multas. Las sanciones van desde los cinco mil lempiras hasta los 50 mil lempiras.
«Las mismas sanciones de este artículo se deben aplicar a los administradores o jerarcas de cada institución que no cumplan con lo descrito anteriormente», expone la ley en el artículo 75.
