Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Planificación y Estrategia (SPE) anunció días atrás que este lunes enviaría una solicitud al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para someterse a una auditoría forense en relación a una compra millonaria de boletos de avión y de mobiliario de lujo.
En el comunicado compartido por la SPE se detalló que la solicitud se realizaría debido a una serie de ataques que manipulan la información de su portal de trasparencia «con la finalidad de desprestigiar nuestra administración y al gobierno de la Republica».
En tal sentido, a través del aviso, la institución aclaró varias de las compras realizadas por la SPE. Mismas que aseguran se han realizado dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Asimismo, detalla que todas las adquisiciones se han efectuado a través de proveedores debidamente registrados por ONCAE.
En cuanto a la compra de boletos aéreos «maliciosamente manipulados», la institución aclaró que estos han servido para movilizar a especialistas y técnicos que han supervisado las instalaciones de la Operación Milagro en el municipio de Siguatepeque. Así como el proyecto “Yo Sí Puedo”, destinado a alfabetizar a un pueblo.
Del mismo modo, notificó que los viajes están debidamente justificados y aprobados.
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Justificaciones y difamaciones
Seguidamente, la Secretaría de Planificación y Estrategia calificó como «faso e injurioso» la ordenanza de compra de mobiliario lujoso.
«En la mayoría de los casos, nuestros mobiliarios y equipos de cómputo fueron obtenidos por convenios con otras instituciones», cita el comunicado.
Del mismo modo, la SPE descartó las compras de material suntuario (productos de lujo) y en el caso de la adquisición de un celular, argumentó que esta se hizo para la unidad de comunicación. Esto en virtud de la imposibilidad de dotar de equipo fotográfico adecuado a su personal, ante la necesidad de producir información veraz para el pueblo.
«No tenemos nada qué esconder. Seguiremos operando de forma transparente y responsable, cumpliendo con lo estipulado en las leyes hondureñas», se lee en el texto.