TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, indicó que hasta el momento sólo tienen indicios de la participación de empresarios en la protesta que se registró en Choluteca el pasado 9 de mayo.
«Estamos instalando un equipo de trabajo que va a tratar las vías investigativas y hacer las investigaciones pertinentes», aseguró Sabillón.
En este sentido, el ministro explicó que hasta el momento solo tienen indicios sobre quienes financiaron la protesta. Sin embargo, se someterán a un proceso de investigación.
«Indicios hay, pero tienen que ser investigadas», manifestó durante una ronda de preguntas a medios de comunicación.
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Sabillón expresó que se aplicará lo que establecen las normativas hondureñas vigentes.
«Hay protocolos establecidos en el Código Procesal Penal y esos son los que vamos a seguir», detalló.
El ministro de Seguridad indicó que estas medidas se aplicarán a toda la población en general.
Consejo de ministros respalda al CNDS
El Consejo de Ministros respaldó la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tras la reunión con la mandataria, Xiomara Castro, condenando los «actos de violencia» en las manifestaciones en oposición a la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
En tal sentido, considerando las manifestaciones en Choluteca el día 9 de mayo, supuestamente organizada por empresas y líderes políticos en oposición al gobierno, en la reunión condenaron dichos actos financiados y utilizados, según el oficialismo, para influir sobre el Congreso Nacional y evitar la aprobación de este proyecto de Ley.
La mandataria acordó «condenar los actos de violencia en el marco de la socialización y discusión de la Ley de Justicia Tributaria que ha puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado».
Por lo tanto, el Consejo de Defensa y el Poder Ejecutivo acordaron proceder a diseñar una estrategia de prevención y combate. Asimismo, de investigación y sanción.
«Este consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en la ciudad de choluteca el 9 de mayo. Esto cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados para movilizarse en contra de la Ley e impedir que sea discutida y aprobada», comentó Castro durante la lectura del acuerdo.
Identificar a los responsables
Asimismo, indicó que buscarán identificar a los responsables de incentivar, manipular y financiar conductas que afecten los derechos de la ciudadanía y que busquen desprestigiar las acciones del Gobierno.
En tal sentido, con elementos probatorios se deberán deducir las responsabilidades y ejecutar acciones conforme a la Ley.
Finalmente, se hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a las «manipulaciones». Estas las realizarían personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios.
Asimismo, se realizó una invitación a la ciudadanía para que denuncie estas acciones a las autoridades para así aplicar todo el peso de la ley.
