San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades municipales amanecieron el martes con la noticia de que Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, junto a 14 personas más (entre ellos exempleados y funcionarios actuales), son acusados de participar en una red de corrupción que habría causado un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
Desde temprano, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Fuerzas Especiales se desplazaron a la colonia Los Alpes para buscar a Fajardo, quien hasta el momento no se ha dejado capturar.
Inicialmente los agentes se apostaron en la vivienda de un hijo del alcalde, sin portar orden de allanamiento, a la espera de que se emitiera; sin embargo, ya contaban con la orden de captura contra los sospechosos.
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Al enterarse Contreras, que vive a pocos metros de la propiedad, llegó al lugar y denunció que las autoridades pretendían afectar a su hijo.
“Si hay algún problema, no es contra Steve Fajardo, es contra mi persona”, afirmó, al asegurar que las acusaciones carecen de fundamento y se basan en “chismes y rumores”.
Durante su estadía, el edil recibió acompañamiento de sus asesores y del gerente de Presemu, Carlos Andrés Padilla Flores, quien, según fuentes, también podría estar bajo investigación por parte de las autoridades.
Inspección a vivienda
Después Contreras se retiró a su casa, donde mantuvo una reunión de varias horas con sus abogados, su equipo de trabajo y Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH).
Tras ese encuentro, el director de la Policía Municipal de San Pedro Sula, Pedro Martínez, informó que el alcalde lo había autorizado a abrir la vivienda de su hijo para que los agentes realizaran la inspección. Antes de permitir el ingreso, Martínez conversó con los agentes y firmó los documentos correspondientes.

Seguidamente, Martínez decidió realizar él mismo una revisión al inmueble y, luego de varios minutos, salió para avisar a los agentes que podían ingresar.
Al filo de las 9:23 de la mañana, agentes ingresaron y, durante siete minutos, inspeccionaron la casa, que lucía con pocos muebles. No obstante, en el lugar se encontraba una camioneta de lujo, la cual también fue revisada.
Tras culminar la inspección, los elementos de seguridad se retiraron de la zona, pero regresaron 30 minutos después y se dirigieron a la propiedad donde se encontraba Contreras. En esta ocasión no realizaron ninguna inspección; únicamente se apostaron en las afueras y, media hora después, se marcharon.

Los operativos continuaron en el sector, incluyendo una torre de condominios donde buscaban a Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal. Pero, al no contar con orden de allanamiento, los agentes únicamente revisaron los vehículos que entraban y salían del lugar.
Acusación
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios de la comuna sampedrana y particulares, por su presunta participación en una red de corrupción.
Entre julio de 2023 y abril de 2024, esta red habría causado un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, según las investigaciones.

El Ministerio Público informó que la acusación alcanza a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante de HERCOD; Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde sampedrano; y Josué David Fajardo Hernández, tío de Steve Fajardo.
Incluye además a representantes de las empresas que, conforme a lo investigado, se coludieron para defraudar, entre ellos José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcon Jonathan Morales Corea.
También se acusa a ex y actuales funcionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica, de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez, exgerente financiero; Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal; Luis Enrique Saa, director de proyectos; y Walter Cartagena Villagra, exdirector del departamento de Vías.
“Se imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos”, señaló el edil.
Investigaciones
Las investigaciones añaden que empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas para planificar la adjudicación de los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás sociedades participarían únicamente como “relleno” para simular legalidad.
Asimismo, la empresa HERCOD incumplió requisitos esenciales, ya que no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina del personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades detectadas incluyen la fragmentación de los contratos para eludir los procedimientos de licitación pública o privada, adjudicando 26 de forma directa y 7 mediante licitación privada.

De acuerdo con los hechos, los funcionarios municipales autorizaron pagos a HERCOD sin que la empresa presentara informes de avance o finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento de los contratos.
En algunos contratos no se especificó la ubicación exacta de los tramos a reparar. Otros proyectos, como la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El Merendón, aparentemente no se ejecutaron, ya que no existe evidencia de ingreso de maquinaria.
“Otro de los hallazgos en la investigación es que el imputado Steve Adolfo Fajardo Vargas, sin ser funcionario municipal, sostuvo reuniones con Osman Chávez, entonces gerente de Infraestructura, y con representantes de las empresas que simularon competir como oferentes”, señalaron las autoridades.

Además, se detectó que Luis Fernando Hernández Portillo mantuvo vínculos societarios con familiares directos de Fajardo Vargas, los cuales este último habría aprovechado para obtener beneficios indebidos de los contratos suscritos.
Esquema de lavado millonario
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la Municipalidad de San Pedro Sula pagaba por los 33 contratos adjudicados, tras lo cual la representante de la empresa HERCOD, Olga Estela Ávila Ortega, transfería los fondos a cuentas compartidas con su esposo, Luis Hernández Portillo.
Posteriormente, Hernández Portillo enviaba sumas millonarias a Josué Fajardo Hernández, quien a su vez utilizaba a terceras personas para entregar el dinero en efectivo a Steve Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras.
“¿Por qué se entregaba en efectivo? Obviamente para no dejar huellas, para no dejar pistas del dinero. Así era como funcionaba este esquema de lavado de activos”, señaló Mora.
El portavoz aseguró que todo este movimiento fue analizado por peritos financieros, quienes en la audiencia inicial presentarán más detalles sobre la ruta del dinero.
“Se adjudicaban los contratos a empresas, algunas de maletín y otras establecidas en San Pedro Sula. No se concluían los trabajos, pero sí se les pagaba”, recalcó.
Detenidos
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, informó que hasta ayer se habían detenido nueve personas vinculadas al caso, entre ellas:
- Denys Jamil Paz Martínez
- Walter Manuel Cartagena
- Eunice Alejandra Amaya Barnica
- Marlen Karina Mena Gómez
- Osman David Chávez Orellana.
- Olga Estela Ávila Ortega.
- Luis Fernando Hernández Portillo.
- Andrea Faviola Perdomo Delgadillo.
- Malcos Jonathan Morales Corea.
Un juez especializado en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó ayer en Tegucigalpa detención judicial contra Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo, por su presunta implicación en el caso de corrupción que afecta a la alcaldía de San Pedro Sula.
Ávila y Hernández fungían como representantes de la Constructora HERCOD S. de R.L.
Mientras tanto, en San Pedro Sula fueron detenidos Eunice Alejandra Amaya Barnica y Marlen Karina Mena Gómez, ambas exgerentes financieras municipales; Denys Jamil Paz Martínez y Osman David Chávez Orellana, exgerentes de Infraestructura; y Walter Manuel Cartagena, exdirector departamental de Vías.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 26 de septiembre a las 8:00 de la mañana. Mientras tanto, los imputados fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara.
Hasta el martes se desconocía el paradero de Steve Fajardo, de quien trascendió que habría salido de la ciudad al enterarse que era requerido por el Ministerio Público, aunque esta versión no fue confirmada. Las autoridades continúan tras su pista y la de los demás implicados que aún no han sido capturados.
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