San Pedro Sula, Honduras. El abogado y especialista en seguridad, Leonardo Pineda, explicó que, aunque los agentes de la DPI no contaban con orden de allanamiento para una de las casas del alcalde sampedrano en busca de su yerno, podrían haber entrado al domicilio debido a que en el país sigue vigente un estado de excepción.
“No andaban orden de allanamiento, pero sí una orden de captura. En el caso de las casas del alcalde Roberto Contreras, fue la propia familia quien les autorizó ingresar”, agregó.
Pineda detalló que, por este mismo motivo, no pudieron entrar a unos condominios. “Como no andaban orden de allanamiento, no podían ingresar; sólo estaban custodiando la entrada y la salida por si salía la persona sospechosa, en este caso el tesorero”.
El especialista recordó que, cuando existe únicamente una orden de captura, la detención debe realizarse en la vía pública; sin embargo, enfatizó, el estado de excepción otorga a las autoridades la facultad de ejecutar capturas en determinadas circunstancias.
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“Uno de los derechos suspendidos con el estado de excepción es la inviolabilidad del domicilio. Si la policía, por ejemplo, quiere entrar y, según ellos, están en estado de excepción, puede hacerlo para capturar a una persona”, aseguró.
No obstante, subrayó que no lo harán a la fuerza, porque los agentes saben que podrían enfrentar problemas.
“Estamos en un estado de excepción prolongado por parte del Ejecutivo, entonces uno de los derechos constitucionales que están suspendidos es la inviolabilidad del domicilio. Yo no sé qué alegaron ahí, porque no estaba presente, pero sí podría ser un alegato de parte de la policía”, cerró.
Acusación
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal este martes contra Steve Fajardo, yerno de Roberto Contreras, así como contra funcionarios, exfuncionarios municipales y empresarios señalados de participar en contratos irregulares.
De acuerdo con el expediente, entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial. Estas operaciones habrían causado un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
Después de darse a conocer los hechos, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerzas Especiales y Dipampco se trasladaron a una casa en la colonia Los Alpes, donde reside un hijo del alcalde Contreras.
El edil sampedrano llegó a la vivienda y señaló que está a su nombre. Posteriormente, los agentes permanecieron frente a la propiedad sin inspeccionarla, ya que su objetivo era dar con Fajardo, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
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