Redacción. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público en 2019, cuyo objetivo es eliminar la inmunidad parlamentaria en Honduras.
El recurso fue interpuesto por la abogada Susy Cuello García, agente de tribunales del Ministerio Público y adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución. El caso se centra en el decreto legislativo 117 de 2019, aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el diario La Gaceta el 18 de octubre de ese mismo año.
Esta reforma modificó el artículo 10A del decreto 363-2013, que hasta ahora ha otorgado inmunidad a los diputados, lo que, según las autoridades, vulnera principios constitucionales fundamentales al brindar a los legisladores una especie de «blindaje» frente a posibles investigaciones o procesos judiciales.
Próximos pasos
El Ministerio Público sostiene que esta inmunidad permite a los diputados cometer delitos, incluidas prácticas de corrupción y vínculos con el crimen organizado, sin ser sometidos a la justicia como cualquier otro ciudadano.
En consecuencia, se solicita la eliminación de esta inmunidad, argumentando que los diputados que incurren en actos ilícitos deben ser procesados y juzgados. Es decir, no deben gozar de privilegios ni excepciones derivados de su cargo.
Con la admisión del recurso por parte de la Sala de lo Constitucional, el caso ahora está en manos de los cinco magistrados de esta instancia, quienes tienen la responsabilidad de analizar y emitir una resolución.
Protestas
Desde a principios de 2024, varios congresistas se unieron en una campaña para solicitar eliminar la inmunidad parlamentaria. El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Yahvé Sabillón, mostró su postura en contra del decreto.
«Nosotros vamos a dictaminar la ley que quita inmunidad a los diputados. Nosotros, como comisión, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Será el pleno del Congreso Nacional quien decida».
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Amparados
Sabillón argumentó que muchos congresistas, amparados por esta inmunidad, han cometido abusos en su función legislativa. Según el diputado, al eliminar esta protección, nadie podrá ampararse en ella, lo que promoverá la transparencia en el ejercicio del poder legislativo.
Aunque reconoció que esta medida puede no ser del agrado de algunos, enfatizó la importancia de cumplir con esta obligación. Afirmó que se debe seguir avanzando en iniciativas que fomenten la transparencia en el país.
«A algunos no les va a gustar para nada, pero nosotros creemos que tenemos esa obligación. Debemos seguir avanzando en algunas cosas que promuevan la transparencia», concluyó.
