Redacción. La polémica por el manejo del Fondo Social Departamental, conocido también como “fondos especiales” para diputados, continúa generando controversia en el ámbito político.
En medio de señalamientos por presuntas irregularidades y uso discrecional de estos recursos, la diputada Isis Cuéllar ha sido una de las figuras más cuestionadas, y se ha solicitado su renuncia inmediata.
Este martes, la candidata presidencial y militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se pronunció públicamente para exigir la suspensión de Cuéllar tanto de sus cargos partidarios como legislativos.

Asimismo, Moncada pidió que todos los diputados de su partido renuncien voluntariamente al fuero constitucional, una figura legal que protege a los congresistas de procesos penales sin la autorización previa del Congreso Nacional.
“En acuerdo con la coordinación general del Partido Libre, exijo la suspensión inmediata de la diputada Isis Cuellar de sus cargos en el Partido y en el Congreso Nacional”, expresó Moncada en un contundente pronunciamiento público, marcando distancia con una de las diputadas señaladas en los recientes escándalos de corrupción.

Esta petición busca garantizar la rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes, sin privilegios ni excusas.
Uso indebido de los recuerdos
Las denuncias ciudadanas y mediáticas apuntan a un uso poco transparente de los fondos, que habrían sido distribuidos a varios diputados sin mecanismos claros de fiscalización ni control.
Aunque Isis Cuéllar fue la única en presentar una renuncia parcial después del estallido del escándalo, hasta la fecha no se han reportado acciones concretas por parte del Congreso ni del Partido Libre. Tampoco se han sancionado a otros implicados.

Además, se ha solicitado la suspensión inmediata de la aprobación de nuevos recursos para el Fondo Social Departamental, considerado insostenible y contrario a una gestión transparente.
Sectores de la opción y expertos también demandan su cancelación total como medida necesaria para evitar más irregularidades.
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Por otra parte, se ha aclarado que la presidenta Xiomara Castro no tiene responsabilidad directa en el manejo de estos fondos. Las irregularidades recaen en algunos diputados.
El caso ha abierto un debate importante sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos. También ha resaltado la importancia de que los funcionarios políticos rindan cuentas a la sociedad.