REDACCIÓN. El hondureño-estadounidense Ricardo Zúñiga, enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, visitará nuevamente El Salvador.
La visita del connacional se da en medio de la crisis política que vive el país centroamericano por las recientes destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EEUU informó que Zúñiga se reunirá durante su visita con miembros del Ejecutivo salvadoreño.
Asimismo, comparecerá con representantes del sector privado para discutir «áreas de interés mutuo», como el «fortalecimiento de la gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos», precisó el documento.
De igual forma, apuntó que tratará «la lucha contra la corrupción» y analizará «oportunidades económicas para dar solución a las causas de la migración».
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, afirmó la semana pasada que su país evalúa una respuesta a los acontecimientos que recientemente sucedieron en ese país.
A la vez, Harris remarcó que un Poder Judicial independiente «es crucial» para una democracia sana y una economía fuerte.
La vicepresidenta es la encargada por el presidente estadounidense, Joe Biden, como máxima responsable de la Casa Blanca sobre inmigración y relaciones con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
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Crisis política en El Salvador
El Salvador se adentró a una crisis política desde que el oficialismo tomó, a principios de mes, las riendas del Parlamento para el nuevo periodo 2021-2024.
Como primera acción, el Legislativo votó a favor de la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año. Lo anterior, generó una serie de criticas que calificaron el acontecimiento como un golpe al sistema de separación de poderes.
Luego de la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo donde declaró inconstitucional la votación en su contra. A criterio de varios abogados ese recurso anula la votación pero la destitución de los togados y del fiscal general siguen en pie.
Al respecto, la ONU y la Unión Europea expresaron su inquietud y a ellos se sumó la preocupación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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