Redacción. En el año 2021, una pareja de hondureños estaba a punto de cumplir su más grande sueño: la construcción de una hermosa vivienda, tarea para la cual eligieron a la persona menos indicada sin saberlo.
La pareja puso la obra en manos de Raúl Enrique Fermán Bustamante, un supuesto arquitecto que aseguraba ser el representante de una empresa constructora. Tanto la esposa como su amado estaban emocionados y dieron luz verde para iniciar la edificación.
Para la tarea, hicieron cinco transferencias que en total sumaron más de 2.3 millones de lempiras para poner en marcha la construcción en Santa Lucía, Francisco Morazán.
El supuesto arquitecto hizo varios trabajos en la propiedad, colocó algunos bloques e hizo algunas mejoras al terreno. Sin embargo, desapareció inesperadamente, dejando la construcción a medias y con más de 1.1 millones de lempiras sin justificar.
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Al darse cuenta de la estafa, la pareja dio parte a las autoridades, quienes luego de la investigación lograron capturar al individuo. Tras un largo proceso legal en contra del estafador, el Tribunal de Sentencia impuso una condena de seis años con cuatro meses de prisión al supuesto arquitecto.
Nunca lo fue
Ante el ruido mediático que ocasionó este caso, el Colegio de Arquitectos de Honduras aclaró que este sujeto jamás fue arquitecto e invitó a la población a buscar ayuda en sus oficinas en caso de dudas sobre las personas a cargo de construcciones en sus propiedades.
Isis Garrido, del Colegio de Arquitectos, reiteró que el hombre nunca fue arquitecto, haciendo énfasis en la importancia de consultar antes de contratar.
“El Colegio de Arquitectos está allí siempre y pueden abocarse sobre cualquier profesional que tengan pensado contratar y así puedan resguardar su proyecto y su dinero», señaló.
El hombre fue condenado a seis años con cuatro meses de prisión por el delito de apropiación o retención indebida. Además, recibió una pena de un año de cárcel por intrusismo profesional en perjuicio de la pareja y la fe pública.
El Código Penal de Honduras condena con uno a tres años de prisión a las personas responsables del delito de intrusismo profesional.
