Hugo Noé Pino
La Asociación Internacional de Presupuestos (IBP, por sus siglas en inglés) anunció recientemente los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2015 realizada a nivel mundial, y en base a la cual se establece el Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por su sigla en inglés) de 102 países. El IBP viene presentando este índice desde 2006 cada dos años. Una calificación cercana a cero es una falta de transparencia en el presupuesto público y un cien por ciento significaría una total transparencia.
El OBI es derivado de criterios desarrollados y aceptados por las instituciones multilaterales, “usa 109 indicadores para medir la transparencia presupuestaria. Estos indicadores son usados para evaluar si el gobierno central pone a la disposición del público ocho documentos claves del presupuesto a tiempo y si la información contenida en estos documentos es comprensiva y útil.”
Los países mejor evaluados en esta oportunidad son Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica, Noruega y Estados Unidos con calificaciones de 88, 87, 86, 84, y 81, respectivamente. Honduras bajó de 53 puntos en el OBI de 2012 a 43 en el recientemente anunciado, lo cual muestra un significativo retroceso. Esta calificación es la más baja de Centroamérica y solamente la segunda más baja de América Latina y El Caribe, el último lugar lo ocupa Trinidad y Tobago. El promedio mundial es de 45.
Paralelamente se calculan índices de participación ciudadana y de vigilancia del presupuesto tanto de parte del Congreso Nacional y del Tribunal Superior de Cuentas. En el primer caso, el resultado es de 31 de 100, lo cual muestra la escasa participación que el Gobierno de Honduras permite a la ciudadanía en las diversas fases del ciclo presupuestario (elaboración, aprobación en el Congreso, ejecución, y rendición de cuentas). En el segundo, la vigilancia del Congreso sobre el presupuesto la nota es 70, la cual considera IBP adecuada, aunque a nuestro criterio se restringe a reuniones formales sin mucho impacto real en el presupuesto. En el caso del papel de vigilancia del Tribunal Superior de Cuentas la nota es de 50 de 100, por lo que IBP la considera limitada.
Entre las principales recomendaciones planteadas por el IBP se encuentran:
Para mejorar la transparencia: a) hacer más comprensivo el Proyecto de Ingresos y Egresos de la República presentando más información sobre la clasificación de los gastos y la clasificación de gastos para los años futuros, y b) hacer más compresivo el Informe de Ejecución del Presupuesto presentando más información sobre los gastos presupuestados y los ejecutados, así como los montos presupuestados y ejecutados de la deuda y de sus intereses.
Mejorar la participación ciudadana: a) estableciendo mecanismos creíbles y efectivos (audiencias públicas, encuestas, grupos focales) para obtener las perspectivas del público sobre asuntos presupuestarios. b) Sostener audiencias públicas sobre el estado de la economía que sean atendidas por el ejecutivo y abiertas al público. c) Establecer formas efectivas de comunicar al público los hallazgos de las auditorías del presupuesto.
Mejorar la vigilancia: a) asegurarse que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República es aprobado por el Congreso Nacional al menos un mes antes que entre en vigencia el nuevo año calendario, en nuestro caso el 1 de enero. b) Asegurarse que el Tribunal Superior de Cuentas tiene un presupuesto adecuado para sus funciones.
El Índice de Presupuesto Abierto muestra algunas de las falencias que tienen la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto de Honduras. Sin embargo, hay más que deben ayudar a complementar el análisis desde el punto de vista interno. La fuerte cantidad de recursos públicos canalizados a través de fideicomisos le resta transparencia, por mucho que se diga lo contrario, a las asignaciones de gastos de los impuestos que pagan los contribuyentes. Estos recursos salen de las normas legales que rigen el resto de recursos del presupuesto, y por lo tanto, son fuente de opacidad y corrupción a diferentes niveles.
La tasa de seguridad es un ejemplo de ello.
La ley denominada de “secretividad”, que restringe el acceso a la información pública a alrededor de 18 instituciones públicas, a criterio de su titular y bajo el expediente trillado de “asuntos de seguridad nacional”, muestra también los problemas adicionales de la transparencia presupuestaria. Así, se podría continuar con más ejemplos.
Es importante considerar que la transparencia presupuestaria, como la denomina el IBP, no tiene ninguna valoración en lo que respecta a los hechos de corrupción de un país y se limita al acceso de los ciudadanos a información y participación en las diversas etapas del presupuesto, característica de una democracia fuerte. No obstante, hay que resaltar que la falta de información y rendición de cuentas es lo que facilita e incentiva la corrupción. Honduras es un claro ejemplo de ello.
