Internacional. Al expresidente Donald Trump se le restringirán el acceso a información clasificada y la posibilidad de hablar de ella, según determinó una jueza luego de una audiencia a puertas cerradas celebrada el pasado martes.
La decisión parece seguir, en gran medida, las restricciones que el fiscal especial Jack Smith solicitó para proteger información clasificada. Registros que podrían ser evidencia en el caso que el exmandatario enfrenta por el supuesto mal manejo de documentos sensibles de seguridad nacional en Mar-a-Lago, su club y residencia de Florida, después de que dejara la Casa Blanca.
Esta es una de las primeras ocasiones en las que la corte establece límites sobre la información clasificada, justamente dentro de un caso en el que el equipo de Trump ha intentado restarle importancia a cómo se manejaron los documentos. El equipo de defensores de Trump buscaba más libertad de acción en los lugares donde pudieran discutir registros clasificados con él, incluido Mar-a-Lago y su residencia en Bedminster, Nueva Jersey.
En su orden, la jueza Aileen Cannon advirtió sobre las consecuencias de que cualquier información clasificada o sensible se revele indebidamente al público, al señalar que dicha divulgación puede infringir la ley.
También aclaró que incluso si la información clasificada «llega al dominio público», tanto Trump como su equipo tendrían «prohibido hacer declaraciones públicas o privadas» sobre el estado clasificado de la información. Tampoco sugerir que su propio acceso a la información confirma o contradice lo que está en el dominio público.
Trump ya enfrenta varias restricciones sobre cómo puede conocer y no difundir las pruebas que le entreguen los fiscales. Mientras él y sus abogados se preparan para el juicio y reciben grandes cantidades de información recopilada por los fiscales.
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Información clasificada
Cannon celebró una audiencia a puertas cerradas sobre el manejo de información clasificada en el sur de Florida.
Aunque el equipo de Trump y los fiscales del Departamento de Justicia argumentaron públicamente en documentos judiciales lo que buscaban de cara al tema del manejo de evidencia clasificada, Cannon decidió que no anunciaría públicamente la audiencia ni su ubicación. También que no permitiría que el público observara el procedimiento.
La orden de Cannon no detalla si una de las áreas donde Trump puede acceder a los registros clasificados. Además, si la misma se instalará en las propiedades de Trump, como ocurrió durante su presidencia.
Pero la jueza dijo que las áreas del SCIF serían supervisadas por un funcionario externo del gobierno federal. Este será designado para guiar el manejo de la información clasificada en el caso federal.
La orden de Cannon también establece que la información aparentemente clasificada en el caso es sensible y debe tratarse con precaución. Sin embargo, su orden también permitió a Trump impugnar ante los tribunales “el supuesto estado de clasificación de ciertos documentos”. Cualquier impugnación estaría sujeta a procedimientos judiciales adicionales.
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