TEGUCIGALPA, HONDURAS. El martes 19 de junio, el Tribunal en Materia de Corrupción dará a conocer la resolución de la audiencia inicial celebrada contra los implicados en el caso de corrupción de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO).
Cabe indicar que en el caso están implicados el exgerente, Santos Ubaldo Cerrato y el exjefe de administración, Víctor Manuel Anchecta Castro. Asimismo Norman Canales Núñez y Claudia Monserrat Cáceres Zúniga.
El exdirectivo de BANASUPRO es acusado por los delitos de fraude y abuso de autoridad. Además de dos delitos de falsificación de documentos públicos y tres delitos de usurpación de funciones.
Mientras que a Anchecta Castro se le supone responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. También se le señala por el ilícito de usurpación de funciones.
De igual manera, Norman Canales es acusado de dos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, fraude y falsificación de documentos públicos.
A Claudia Monserrat Cáceres se le supone responsable de los delitos de fraude en su grado de complicidad. De la misma manera, de dos delitos de falsificación de documentos públicos.
Según expediente judicial, los imputados emitieron 38 cheques con un valor de tres millones 220 mil 435 lempiras. Dinero que debía ser utilizado en la compra de licencias, equipos de cómputo y servicios profesionales.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió medidas distintas a la detención judicial para Claudia Cáceres; quien se defenderá en libertad y deberá presentarse a firmar los días lunes y viernes de cada semana.
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MP no pudo probar acusaciones contra imputados
Con relación al tema, la abogada Irma López, apoderada legal de los otros implicados explicó algunos puntos de la audiencia. De ese modo, dijo que en el juicio se evacuaron todos los medios de cargo y de descargo.
A efecto de eso, la togada manifestó que el MP no pudo probar el abuso de autoridad y el fraude que les imputa a sus defendidos.
El MP aduce que sus representados no dieron estricto cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado al haber comprado un programa de Microsoft y no seguir el proceso de licitación pública.
De ese modo, explicó que la licitación pública se requiere en casos donde los techos superen los 900,000 lempiras. Por lo que, en ese caso que le compete los presupuestos no sobrepasaron esa cantidad,
En ese sentido, aseguró que no se configuran los elementos del tipo penal de abuso de autoridad. Mucho menos se configuran los presupuestos del tipo legal de fraude.
La profesional de Derecho indicó que el MP aduce que sus representados se pusieron de acuerdo con el representante legal de la empresa que les vendió el sistema. Sin embargo, en ningún momento el Ministerio Público acreditó ese fraude o el acuerdo.
De esa manera, López consideró que el proceso fue transparente y efectivamente Microsoft se instaló. Así como también, funcionó y superó las pérdidas que tenía BANASUPRO arriba de 20 millones de lempiras.
“En el caso de mis representados en MP pidió prisión preventiva. No obstante, se solicitó una fianza de tres millones y medio para que mis representados sean escuchados en libertad. El martes a las 3:30 se emitirá la resolución por parte del juez que conoce el caso”, señaló la defensora.
