Redacción. El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un requerimiento fiscal contra varios exdiputados y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por presunto fraude y desvío de fondos públicos.
Según informes preliminares, los acusados habrían malversado más de 27 millones de lempiras destinados originalmente a la reducción de la pobreza y a proyectos sociales en Honduras entre 2011 y 2017.
Los imputados por el delito de fraude incluyen a los exdiputados Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales, quienes ocuparon un asiento parlamentario en el Congreso Nacional.
Lea también: Requerimiento fiscal contra diputada Gladys López y otros exfuncionarios
Entre los acusados también está Dalia Esmeralda Palma Sánchez, representante legal y administradora de hecho de Organización Inclusión Honduras Internacional (OIHIN). También, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García, miembros fundadores de la junta directiva de la organización.
Asimismo, están implicados los ciudadanos José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya.
Desvío de fondos públicos para proyectos sociales
Según el requerimiento fiscal, la OIHIN se utilizó como fachada para desviar recursos estatales del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Los fondos, destinados a 17 proyectos sociales en diversas regiones del país, nunca llegaron a su destino. En su lugar, fueron desviados mediante la emisión de cheques a favor de particulares y empresas sin justificación legal.
La investigación de Uferco reveló que estos fondos fueron utilizados de manera irregular para compras personales, adquisición de terrenos, vehículos y pago de alquileres, sin que se ejecutaran los proyectos sociales para los cuales fueron inicialmente destinados.
Evidencia
Las auditorías realizadas por Uferco arrojan pruebas contundentes sobre el desvío de los fondos. Se detectaron inconsistencias en los estados financieros de la OIHIN, registros bancarios alterados, liquidaciones incompletas y pagos irregulares a personas y empresas sin vinculación con los proyectos sociales.
Según los informes, exdiputados y personas ajenas a la ejecución de las obras fueron algunos de los beneficiarios de los cheques.
La Fiscalía expresó que «este tipo de irregularidades no solo representan un perjuicio económico para el pueblo hondureño, sino que afectan directamente a las comunidades que se vieron privadas de los beneficios de estos fondos, destinados a mejorar sus condiciones de vida».
La Uferco continúa con la investigación para determinar el alcance completo de los desvíos y las responsabilidades de los implicados. Asimismo, exhortó a la justicia a tomar medidas severas contra los responsables de esta corrupción.
De igual interés: Uferco reactiva línea de investigación sobre el Fondo Departamental
