Redacción. El Ministerio Público (MP) presentó recientemente un requerimiento fiscal en perjuicio de la exdirectora del Instituto de la Propiedad (IP) y cuatro exempleados por suponerlos responsables de varios delitos en perjuicio de la administración pública y del derecho a la propiedad de las municipalidades de Santos Guardiola, Roatán y Útila, en Islas de la Bahía.
Los procesados son Jorge Alberto Medina Corrales, Marco Tulio Luque, Guadalupe Zabala, Flavia Larissa Hulse Perdomo. También, Celso Rufino Suárez Avilés y Sybil Aney León Enamorado, quienes ocuparon diversos cargos en el IP.
A estos funcionarios se les supone responsables de diversos delitos, entre ellos falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y prevaricación.
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Los delitos están relacionados con la tramitación irregular de expedientes de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno, registrados en el ente gubernamental.
Investigación
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios encontraron irregularidades en las solicitudes para el otorgamiento de los títulos. Los mismos incluían declaraciones falsas y documentos técnicamente cuestionables. Además, se detectaron planos de inmuebles sin fecha, lo que sugiere manipulación de la documentación.
Las solicitudes de Regularización de la Propiedad de Inmuebles se hicieron efectivas en 2009 ante las oficinas del IP en Tegucigalpa. Asimismo, se basaron en testimonios que resultaron ser falsos, según el ente acusador.
Los bienes inmuebles están situados en José Santos Guardiola, Roatán y Útila y al ser inscritos a nombre de particulares se afectan los intereses de las comunas referidas, puesto que los terrenos son de naturaleza ejidal urbana, se afecta asimismo tierras nacionales, entre estas, las que son propiedad del aeropuerto de Islas de la Bahía.
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