Honduras. La Fiscalía de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) presentó este jueves un requerimiento fiscal en contra del actual diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Bartolo Fuentes, debido a que se le presume responsable del delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de una mujer.
Según declaró la víctima del caso, los hechos acontecieron el pasado 9 de enero del año 2022, cuando un grupo de diputados estaban reunidos en las instalaciones del Congreso Nacional con la intención de consensuar los puestos de la gobernación departamental de Yoro.
Fue justamente en esa reunión que el diputado Bartolo Fuentes habría agredido de manera verbal a la víctima. Según la acusación, él le manifestó que «era una mentirosa, vieja y corrupta», entre otros insultos.
Luego, Fuentes habría comenzado a golpear la mesa y, según la acusación, se dirigió hacia donde estaba la víctima con la intención de golpearla en la cara. Sin embargo, no habría logrado su cometido, por ello habría continuado faltándole al respecto con insultos.
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Denuncia de la afectada
Tras lo supuestamente suscitado en el Congreso Nacional, la víctima determinó interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Es por ello que la fiscalía procedió con el requerimiento fiscal, apegándose en los artículos 217 y 2019 del Código Penal y en otros convenios y tratados internacionales referentes a los derechos políticos y de la mujer.
Los fiscales señalan que durante las investigaciones se le realizó a la víctima evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Fue aquí donde se dictaminó por parte del médico forense que la fémina tenía daño moral, reflejado por el malestar que experimentó por el desprestigio de su honor y reputación.
De la misma manera, el dictamen muestra que la ofendida presenta un diagnóstico de depresión moderada.
Tras la presentación del requerimiento fiscal, la fiscalía ha solicitado que se designe un juez natural y se cite a Bartolo Fuentes. De la misma manera, pidieron que se autorice una evaluación psicológica para él. Además, que se reciba la declaración de la víctima y la asignación de un defensor público que represente al imputado en la causa.
