Redacción. Por quinta vez, la audiencia preliminar contra los tres acusados del asesinato del ambientalista Juan López fue suspendida, lo que ha generado críticas sobre la lentitud del sistema judicial hondureño.
De acuerdo con el informe del Poder Judicial, la suspensión se produjo luego de que el Ministerio Público notificara un día antes la denegatoria del procedimiento abreviado solicitado por Óscar Alexi Guardado Alvarenga, señalado como quien habría disparado en el crimen.
La audiencia fue reagendada por quinta vez, quedando para el jueves 28 de agosto a las 2:00 p.m. en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula.
Junto a Guardado, los otros acusados son Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. El Ministerio Público también informó sobre la ampliación de la acusación para incluir el delito de asociación ilícita.
La defensa de Guardado, encabezada por la abogada Alma Cruz, solicitó la reprogramación. A su vez, anunció que pedirá reconsiderar la decisión tomada por el Ministerio Público, señalando que la notificación llegó de manera tardía.
Lentitud genera críticas
Organizaciones y observadores del proceso han criticado la lentitud del caso. Juana Esquivel, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), expresó a medios locales que las demoras podrían favorecer a los presuntos autores intelectuales del asesinato.
“Lamentamos que el Ministerio Público hasta ayer dio respuesta a la solicitud de procedimiento abreviado, lo que prolonga y dilata el proceso”, recriminó.
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Por su parte, el sacerdote Ismael Moreno, quien supervisa el caso, manifestó que la lentitud del proceso genera sospechas sobre la posible protección a figuras de mayor rango involucradas en el crimen.
“Nuestra interpretación es que el Ministerio Público está deliberadamente haciendo lento el proceso para cansar a quienes demandan la aceleración del juicio”, dijo.
Sin información
La abogada Kenia Oliva, de la acusación privada, también señaló que se carece de información sobre las líneas de investigación y sobre posibles vínculos con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, lo que dificulta avanzar en la identificación de los autores intelectuales del asesinato.
Oliva indicó que corresponde al fiscal general, Johel Zelaya, resolver la reconsideración sobre el procedimiento abreviado solicitado por Guardado, que permitiría reconocer su responsabilidad en la ejecución del crimen.
La abogada enfatizó que el objetivo del proceso es determinar quién ordenó y financió el asesinato de Juan López.
Finalmente, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos reiteró que no aceptará un procedimiento abreviado. Además, exigió que a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, se les someta a juicio oral y público para garantizar justicia.
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